La concejal del Frente Renovador Mercedes Morro advirtió que la ordenanza fiscal e impositiva que mandó el intendente Carlos Arroyo al Concejo Deliberante contiene importantes aumentos para las actividades vinculadas con el turismo.

“En lo referente a la tasa de seguridad e higiene, se detectan aumentos de hasta el 151% para actividades fundamentales como son la gastronomía, la hotelería y los balnearios”, precisó, y enseguida se preguntó: “¿Es lógico que en las puertas de una temporada que todos presumimos será la mejor de los últimos años el municipio quiera aprovecharse del trabajo de quienes vienen sosteniendo la actividad en años tan difíciles?, ¿no se está desalentando la producción con medidas como estas?”.

Morro alertó que “por segundo año consecutivo se intenta imponer una tasa a la actividad inmobiliaria, lo que en el ejercicio anterior no fue posible por lo irracional de la pretensión, que fue rechazada por todos los sectores”. Y agregó: “¿Para qué generar un nuevo conflicto si el resultado será seguramente el mismo?”.

Según la concejal, el proyecto “contiene trampas e inconsistencias” que “hacen pensar que, una vez más, se busca recaudar castigando a los contribuyentes y a la producción”. “Lo más grave es que para ello se intentan subterfugios y caminos ocultos que pretenden mostrar una cosa cuando lo que se busca es todo lo contrario”, lanzó.

Más allá de las actividades relacionadas con el turismo, señaló que “una vez más se insiste en gravar al sector exportador, sin tomar en cuenta que se trata de una actividad fundamental para la reactivación, que es generadora de muchos puestos de trabajo, y que la propia gobernadora ha sostenido que se trata de una tasa distorsiva que atenta contra la pretendida intención del gobierno por potenciar todo lo que tenga que ver con la producción”.

Además, consideró que “hay una trampa grosera en lo que tiene que ver con la TSU”, porque “mientras se anuncia un aumento moderado, se fija un revalúo fiscal que en muchos casos llega al 800%”. “Es decir que el contribuyente deberá pagar el aumento con un valor fiscal ocho veces superior al actual –apuntó–. Y como si ello no fuese suficiente, se fija un plazo de seis meses para una nueva valuación. ¿Cuánto terminará pagando entonces cada propietario de Mar del Plata y Batán?”.

Para Morro, esta es “una clara demostración de que se gobierna de espaldas a la gente”. “Así las cosas, es muy difícil que esta ordenanza y el presupuesto puedan ser aprobados por este cuerpo. Estamos para controlar al Ejecutivo y para defender a la gente. Y vamos a hacerlo una vez más”, agregó.