La gestión del intendente Carlos Arroyo decidió insistir para que las empresas exportadoras radicadas en el Partido de General Pueyrredon comiencen a pagar tasas municipales.

Tal y como lo había hecho meses atrás, la Secretaría de Economía y Hacienda propuso modificar la redacción de la ordenanza fiscal, estableciendo que a partir del año que viene todas las compañías que comercialicen sus productos y servicios en el exterior deberán abonar la Tasa de Seguridad e Higiene.

El proyecto, que ya está en manos de los concejales, dispone que esta clase de empresas tendrán que tributarle a la comuna no sólo por las ventas que realicen en el mercado interno.

El proyecto indica que a partir del ejercicio de 2019  también deberían abonar el tributo por un porcentaje de la facturación que obtengan por las ventas que realicen en el exterior.

Esta misma medida había sido impulsada a fines del año pasado, generando una fuerte controversia.

En aquél momento distintas cámaras empresariales vinculadas con la actividad exportadora acusaron a la gestión de Arroyo de pretender imponer un carga tributaria “inconstitucional”, ya que según argumentaron, los municipios no están legalmente facultados para gravar las operaciones de comercio exterior.

Tras varias reuniones con funcionarios y concejales y luego de que el tema llegara a oídos de autoridades nacionales y provinciales, finalmente el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, se vio obligado a dar marcha atrás con la propuesta.

Sin embargo todo parece indicar que el funcionario no abandonó por completo su intención de lograr que la Municipalidad obtenga mayores ingresos incrementando la presión fiscal sobre la actividad exportadora.

Así, días antes de iniciar un viaje a Barcelona -donde encuentra en la actualidad- el funcionario decidió elevarle la ordenanza fiscal al Concejo Deliberante, dejando una vez más plasmada en ella su controvertida iniciativa.