La Cámara Nacional Electoral, encargada de llevar adelante los comicios presidenciales del 27 de octubre del año próximo, lanzó una batería de medidas para “contrarrestar” la “desinformación” ante la preocupación por la creciente ola mundial de tácticas de manipulación a través de las Fake News (noticias falsas).

Las Fake News preocupan cada vez más a los gobiernos y a los sectores de poder pero, por encima de todo, a los organismos que controlan las elecciones que, en el caso de la Argentina, es una tarea a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El secretario de Actuación Judicial de la CNE, Hernán Gonçalves Figueiredo, afirmó, en una entrevista con Télam, que “al verificarse un crecimiento exponencial en la publicidad electoral en redes digitales”, la Cámara dictó una serie de medidas para atenuar “los efectos negativos” de la incidencia que puede tener la difusión de noticias faltas durante una campaña electoral.

Y puso como ejemplo el proceso electoral de Brasil, donde a Flavio Bolsonaro, hijo del candidato presidencial Jair Bolsonaro, le bloquearon su cuenta de WhatsApp por sospechas de difundir spam y Fake News.

Gonçalves Figueiredo explicó que la Cámara “ya hace varios procesos electorales que viene trabajando en redes sociales e internet, a través del cuerpo de auditores-contadores, en el control del financiamiento de las campañas”.

En ese marco, puntualizó que en 2011 empezaron a hacer lo que se “llama monitoreo con la finalidad de detectar gastos, para después confrontar con las cuentas de partidos políticos y ver si lo que se detectaba como publicidad en las redes coincidía con lo declarado”.

Esa fue la forma en que se empezó verificar un crecimiento en la publicidad en redes sociales en detrimento de otras formas más tradicionales -en décadas pasadas- de difundir campañas.

“Seguimos haciendo los monitoreos en las sucesivas elecciones del 2013, 2015 y 2017, y el primer dato que llamó la atención fue el crecimiento exponencial que iba teniendo la inversión en publicidad en redes e internet respecto de otros rubros más tradicionales, como vía pública, por ejemplo”, explicó el funcionario.

En ese aspecto, graficó que en 2011 la inversión en campaña era del “4,7 por ciento, mientras que en 2017 ese rubro llegó al 31 por ciento, a la vez que fueron bajando los otros” y enfatizó que “la mayor inversión electoral pasa ahora, no solo en Argentina sino en casi todas las democracias, por estas nuevas plataformas” digitales.

Pero, Gonçalves Figueiredo detalló que apareció otro fenómeno dado que “se empezaron a ver cosas asociadas a este fenómeno de las redes sociales que surgían de las auditorías y que no eran la finalidad principal, pero que también la prestaban atención ya que tenían que ver con movimientos aparentemente no espontáneos de determinadas cuentas”.

Allí se dan, comentó el funcionario, “promedios de interacción de 200 usuarios por día, por ejemplo, y, de repente, esa interacción pasa de 200 a 2000”.

“Es algo que puede ser espontáneo o estar financiado, ser un movimiento a través de granjas de trolls o bots; estos mecanismos que se usan para influir en el diálogo a través de estas redes sociales, fenómeno que está desregulado en el mundo, y todos los países están mirando este fenómeno y viendo que se hace”, añadió.

En ese sentido, Gonçalves Figueiredo apuntó que hace poco más de un mes, la CNE dictó la acordada 66, “con la finalidad de poner el tema como para prestarle atención, porque puede afectar uno de los datos fundamentales de una elección, que es la confianza de las personas acerca de que la elección se condujo de manera justa y auténtica, y avanzar en la medida de las competencias de la justicia electoral en lo que podamos contribuir para, si se quiere, debilitar eventualmente los efectos negativos”.

El secretario judicial enumeró que las medidas adoptadas llevaron a “publicar los resultados de los monitoreos en las redes e internet, y ya se empezó en la elección del año pasado, como una forma de transparentar los mecanismos para que cada uno pueda ver como se comportaron los partidos o los candidatos en las redes en una elección determinada”.

“En segundo término –prosiguió- se buscó algún mecanismo para que, quien esté interesado, pueda verificar la fuente de la información; si esa información proviene de una cuenta oficial de un partido político o de un candidato, o si es un perfil falso que tiene alguna intención de interferir en la discusión”.

Al respecto, contó que “eso generó un registro oficial de canales de comunicación de los partidos y candidatos que hoy por hoy ya está activo o los partidos puedan registrarse o, y esto tiene que ver con el proceso electoral, que se registren cuando empiecen a oficializar precandidaturas en las primarias”.

“Incluso las plataformas como Facebook han sacado ya algunas recomendaciones sobre cómo detectar cuando la noticia es falsa y nosotros también estamos pensando en hacer una campaña el año que viene en ese sentido”, expresó.

El funcionario judicial añadió que “se está en conversaciones con las tres plataformas más grandes, Google, Facebook y Twitter, para ver si podemos hacer algún tipo de convenio” con el fin debilitar el efecto nocivo que pudieran tener algunas maniobras por estas redes”.