El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la posibilidad de aplicar duras sanciones contra el intendente Carlos Arroyo y el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, por no haber cumplido aún con la presentación de la ordenanza complementaria del presupuesto y efectuar gastos millonarios sin el respaldo del correspondiente “marco legal”.

A menos de tres meses de que concluya el ejercicio 2018, el Ejecutivo continúa sin haber impulsado la aprobación y puesta en vigencia de esa norma, la cual debería haber sido elevada al Concejo Deliberante en octubre de 2017.

Para el Tribunal de Cuentas, el hecho de que la gestión de Arroyo no haya cumplido con la realización de ese trámite de manera deliberada no es algo menor.

Por esa razón instó al intendente y a su secretario a que promuevan el “dictado” de la ordenanza ya que en el caso de no hacerlo ambos serían sancionados por “infringir los deberes concernientes a sus cargos”.

Entre otras cosas la ordenanza complementaria, aprobada cada año junto al presupuesto, establece el monto de las remuneraciones del personal municipal y disponen diferentes pautas para la administración económica y financiera del municipio.

A pesar de que la legislación obliga al Ejecutivo a presentar el proyecto de esta norma junto al del presupuesto, el año pasado Mourelle omitió elevarlo, prometiendo que lo haría semanas más tarde.

Sin embargo el funcionario nunca cumplió con su compromiso, lo que ya generó diversos conflictos internos dentro de la comuna y motivó al Tribunal de Cuentas a realizar observaciones en más de una oportunidad.

En su último informe emitido días atrás, el organismo volvió a cuestionar la situación, aunque esta vez, elevando el tenor de su advertencia.

A través de un dictamen el Tribunal señaló que ante la inexistencia de la ordenanza complementaria, la ejecución del presupuesto municipal se está realizando sin “el marco legal” requerido para determinar el “sueldo básico de la categoría inferior” de los trabajadores municipales así como “las escalas salariales de las distintas categorías y las remuneraciones de los titulares de cargos electivos, personal superior, funcionarios de ley y personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas”.

Para el organismo tampoco pasó desapercibida la reacción que, ante esta inédita desprolijidad, ya tuvieron los contadores de la administración central y de los entes descentralizados.

A mediados de julio los funcionarios hicieron saber su preocupación ante el propio Tribunal de Cuentas, tratando de dejar en claro que ninguno de ellos comparte el criterio del Ejecutivo.

Puntualmente los contadores le enviaron una nota al organismo para describir la singular manera en la que están siendo administrados los recursos económicos del municipio y pidieron el asesoramiento del Tribunal para poder cumplir con su trabajo sin ser sancionados.

En concreto solicitaron que, “ante la falta de la ordenanza complementaria del ejercicio” el organismo les aclarara “cuál es la normativa que corresponde aplicar” para, por ejemplo, liquidar los sueldos de los trabajadores.

Ante este planteo el Tribunal respondió que lo que corresponde es que la gestión de Arroyo haga lo que hasta ahora no hizo, es decir, impulsar de la sanción de la norma tal y como lo exige la ley.

A la vez el organismo les sugirió a los contadores que “mientras ello no acontezca” realicen su trabajo observando los gastos que se efectúen transgrediendo las normas, imputándole esa responsabilidad, por escrito, al intendente Arroyo.

En su último informe el Tribunal también destacó que durante este año fueron concedidas varias subas salariales a los trabajadores municipales y a los guardavidas, por decreto y sin el “marco legal” que otorga la ordenanza complementaria para respaldar esos pagos.

A la vez se hizo notar que al requerir las explicaciones del intendente frente a esta situación, el organismo recibió un “descargo” en el que no se aportó “contestación sobre la situación expuesta“.

Por eso el informe del Tribunal concluye advirtiendo que mientras que el gobierno no impulse el dictado de la ordenanza complementaria, tanto el jefe comunal como su Secretario de Economía, podrían ser sancionados por “desobediencia” con amonestaciones, cargos, multas económicas y hasta inhabilitaciones para desempeñarse en funciones públicas municipales o provinciales.