En 2016, el Concejo Deliberante declaró la emergencia en violencia de género y diversidad en el municipio. A dos años de una ordenanza, el movimiento de mujeres acusa al Ejecutivo de no cumplir con lo propuesto y de dejar a la Dirección de la Mujer -y las víctimas a las que asisten- sin profesionales especializados en abordar la problemática. Qué dice el presupuesto.

Atrás quedó la algarabía que sintió el movimiento de mujeres cuando, en julio de 2016, el Concejo Deliberante aprobaba por unanimidad la declaración en violencia de género y diversidad en el territorio de General Pueyrredon. A más de dos años de ese día, y a través de un duro comunicado, acusaron a la gestión de Carlos Arroyo de estar “desmantelando” la Dirección de la Mujer, además de insistir con el reclamo por la falta de inversión para llevar adelante políticas sociales en el área.

Desde declarada la ordenanza 22739 y conformado el Observatorio de Violencia de Género -compuesto por diversas entidades defensoras de los derechos de las mujeres-, la declaración debió ser prorrogada dos veces (en 2017 y 2018) y en ambas oportunidades la ausencia de muchas de las políticas acordadas en la normativa fueron tema de debate.

Pero a los reclamos por incumplimientos (entre los que se destacan la ampliación del Hogar Galé, la construcción de un Hogar de Medio Camino y el pago de las becas de vulnerabilidad, por mencionar algunas) se le sumó, en las últimas semanas, las acusaciones por “desmantelamiento”.

En el comunicado enviado a los medios, el movimiento de mujeres advirtió que la situación en el área es actualmente “alarmante” y esto se debe a que el espacio no cuenta con abogadas y solo hay dos psicólogas disponibles para responder a la demanda de las víctimas.

El reclamo llegó luego que no se concretaran los nombramientos requeridos por la Dirección de la Mujer, que implicaban tres psicólogas, una abogada, dos trabajadoras sociales, una cuidadora de niños y una administrativa. “No solo no se han efectivizado dichos nombramientos, sino que tampoco existen reemplazos para las profesionales que por diferentes razones hoy no están trabajando”, señaló Laura Hochberg, de la Multisectorial de la Mujer, en referencia a una empleada del sector que se encuentra con licencia por maternidad.

La respuesta del municipio no tardó en llegar. Al día siguiente, fue el propio Arroyo quien anunciaba que ya se encontraba vigente una resolución a través de la cual transfería todo el equipo de Asistencia a la Víctima a la Dirección de la Mujer. “Incluye médicos, psicólogos y abogados. Incluye todos los profesionales que ellas necesitan”, remarcó.

Esto, sin embargo, no fue bien recibido por parte del movimiento, que calificaron la medida como un “retroceso”. “La solución no es la fusión, sino más profesionales. Ahora una psicóloga tendrá que atender a víctimas de violencia de género y víctimas de accidentes de tránsito”, señaló Hochberg, asegurando que la atención debe ser especializada y que el intendente no hizo más que demostrar que al Ejecutivo “no le importa lo que pueden sufrir las mujeres”.

Presupuesto complicado

Las polémicas en torno al cumplimiento de los puntos que establecía la declaración de la emergencia siempre tuvieron relación directa con los reclamos por la asignación de mayor presupuesto. Así es que, en medio del debate por los fondos destinados al área para el ejercicio de 2018 (que inició el año pasado, pero terminó siendo aprobado este año), colectivos como la Multisectorial de la Mujer dejaban en claro que el monto que el Ejecutivo pretendía aplicar era “irrisorio”, si la intención era cumplir con la inversión a la que se habían comprometido.

Según lo aprobado por el Concejo, a la Dirección de la Mujer le fue asignado para todo 2018 un presupuesto de $24.293.545, de los cuales, al mes de junio sólo había sido devengados $9,6 millones, es decir, apenas el 38,7%.

Los recursos otorgados al área, cuyo cálculo se elaboró en noviembre de 2017, ya de por sí resultaron insuficientes para hacer frente a la inversión requerida durante un año en el cual la inflación estimada trepará al 45%.

De hecho, si se comparan los $24,2 millones asignados para 2018 con los 18,9 millones de 2017, se advierte que la suba interanual es de un 28% nominal, cifra que está muy lejos de acercarse al nivel de inflación.

Es más, si se tiene en cuenta la inflación proyectada, el presupuesto destinado al área terminará siendo al menos un 11,7% menor que el ejercicio anterior.

El estado de ejecución de lo gastado tampoco muestra importantes niveles de inversión en políticas sociales. De los $9,6 millones devengados, unos $8,4 millones correspondieron a gastos de personal. Es decir, un 87,5% del total.

Estos números son analizados de cerca por el movimiento de mujeres y concejales de la oposición que ya el año pasado advirtieron que el presupuesto de 2017 del área había sido subejecutado.

En su momento, Virginia Sívori, del bloque de Unidad Ciudadana, había advertido a LA CAPITAL que, según los análisis realizados por su bloque, la ejecución de lo presupuestado para 2017 habría sido “un 70% para bienes de consumo -desde el toner de la Secretaría hasta los alimentos del Hogar Galé-, un 77% para bienes de uso -computadoras y muebles- y un 50% en transferencias, principalmente para becas, que son de vital importancia”. Para la edil, “estos números son muy importantes porque hablan por sí solos respecto al lugar que ocupan las políticas de género en el imaginario oficialista”.