Semanas intensas: la atmósfera de división que arrastra el país alcanzó inclusive a la Corte Suprema, que ofreció un inopinado duelo público entre su nuevo presidente (el doctor Carlos Rosenkrantz) y el saliente, Ricardo Lorenzetti, condimentado por cruce de denuncias y afilados epítetos.
Si la política suele judicializar muchos de sus conflictos, ¿cuál será el ámbito en el que puedan zanjarse las peleas entre jueces de la más alta categoría? Al parecer, los supremos comprendieron la impertinencia de esa riña sobre el escenario y consiguieron ponerla en caja después de un sesión a puertas cerradas. Un signo de sensatez.
Proteger a los fuertes
El gobierno aportó su propia cuota de intensidad y altercados.
La noticia de que se aplicaría a los usuarios de gas un pesado revalúo sobre facturas ya canceladas, con la finalidad de compensar a las empresas productoras por los efectos de la devaluación desató una tormenta política.
El secretario de Energía, Javier Iguacel, avanzó en ese rumbo con el apoyo explícito del Presidente (aunque sin consultar el tema con su ministro, Nicolás Dujovne, ni cambiar ideas con el ala política del gabinete y con los socios de la coalición oficialista).
Tan pronto trascendió la información, la reacción del público corrió paralela a la de la oposición política y juntas, a su vez, dispararon la resistencia en el seno de Cambiemos. El radicalismo expuso su contrariedad. La coalición no quería someterse a una derrota parlamentaria ni al costo de sostener nuevamente una decisión unilateral del Ejecutivo.
Reclamar que los usuarios compensen excepcionalmente a las petroleras por una devaluación que sufrieron todos los argentinos tiende a confirmar la imagen de “gobierno de ricos” que sobrelleva al oficialismo. La falta de sensibilidad política de la decisión exponía a los socios del Pro a un nuevo cortocircuito con sus votantes y también ponía en riesgo los acuerdos en los que se basa la esperanza de aprobar el presupuesto, una condición sine qua non para la sustentabilidad de los pactos con el FMI.
El ala política del Pro (liderada por el ministro Rogelio Frigerio con el respaldo discreto de Horacio Rodríguez Larreta) así como los senadores y gobernadores radicales que habían exteriorizado su oposición a la medida anunciada por Iguacel emplearon la enérgica ofensiva opositora, que amenazaba traducirse en una sesión especial en el Congreso, y consiguieron sofocar el aumento antes de que se convirtiera en un revés para Cambiemos.
Tensiones en la coalición
El episodio incrementa tensiones en la coalición. Inclusive en el seno del partido de Macri, en algunos de cuyos dirigentes importantes empiezan a observarse signos de recelo ante una suerte de solipsismo entusiasta con la que el vértice del gobierno adopta posiciones sin demasiada receptividad ante el contexto social ni predisposición a ampliar las bases de sustentación, como esos sectores aconsejan.
Si bien se mira, paradójicamente, el episodio de las compensaciones a las petroleras por la devaluación concretó una convergencia de amplia base de oficialistas y opositores. La ironía es que fue para neutralizar una decisión del Ejecutivo.
La marcha atrás consiguiente se argumentó una vez más como expresión renovada de la virtud oficialista de la autocrítica y de su desprejuiciadamente reiterada capacidad de rectificación.
En cualquier caso, la vía elegida para salir del pantano tampoco luce cristalina. La carga que ahora no recaerá sobre los usuarios será afrontado por los contribuyentes (a través del Estado), un pase de magia que sigue absolviendo a las grandes firmas energéticas de afrontar una de las dimensiones del riesgo empresario.
¿Quién lidera la pureza moral?
Para colmo de males, estas peripecias se desarrollaron en medio de una pulseada pública entre Elisa Carrió y el Presidente. La diputada había empezado disparando sobre el titular de Justicia Germán Garavano, a quien su partido, la Coalición Cívica anunció que le promovería juicio político.
Carrió considera a Garavano una encarnación light de Daniel Angelici, presidente de Boca y aparente operador judicial supernumerario del Presidente, a quien la diputada identifica explícitamente con “la mafia tribunalicia” y mantiene en el segundo puesto de su singular ranking de demonios de la categoría Justicia, sólo por debajo de Ricardo Lorenzetti.
Lanzada a cuestionar al gobierno que supuestamente apoya, la diputada no tardó en subir la postura, irritada al suponer que altos funcionarios de la AFIP que le proporcionan información privilegiada (y que, al parecer, habían investigado al empresario Angel Calcaterra, primo de Mauricio Macri) habían sido desplazados de sus cargos. Carrió dijo a partir de allí cosas más fuertes: emplazó al Presidente a deshacerse de Angelici y de Garavano (“Me voy a amigar con el Presidente cuando lo saque a Garavano”; “tiene hasta diciembre para optar entre Angelici y Carrió: elige o cae”) y aseguró que había “perdido la confianza en Macri”.
El gobierno, perplejo ante el fuego amigo, eligió primero el silencio paciente y las gestiones discretas para apaciguar a la diputada, pero finalmente optó por lanzar a los medios a voceros fieles para competir con la diputada. Los voceros proclamaron que “es el Presidente el que lidera la lucha contra la corrupción y el que más ha trabajado por la transparencia” y reclamaron que “nadie debe condicionar al presidente”.
Carrió dió un táctico paso atrás a través de las redes sociales y aseguró que no presionaba al presidente, que el pedido de renuncia de Garavano había sido una “una broma”, ya que ella no presiona al Ejecutivo sino que, como miembro del Congreso, “su arma es el juicio político. De todos modos anunció que postergará el pedido de juicio político “para distender”.
Infortunios de la virtud
¿Consiguió Macri disciplinar a Carrió? Es dudoso. Ella se envuelve en la bandera de la virtud y advierte que “el Presidente sabe que para nosotros la lucha contra la impunidad es innegociable”. Avisa, así que no piensa deshacerse de su artillería denuncista. Si por ahora optó por el repliegue es porque así como demostró que puede hacer daño, esta vez registró que erosionar al gobierno de Cambiemos también la afecta a ella. Sucede que no siempre calcula los efectos de sus dichos.
Horacio Rodríguez Larreta, en tono contenedor (o sutilmente paradójico) certificó esta semana que ella “es estable”.
En la perspectiva de una dura lucha electoral, el gobierno sabe que no puede perder ni un voto. Y menos que menos puede volverse vulnerable a cuestionamientos éticos cuando -ya que la economía tarda en responder- es sobre la transparencia sobre lo que pretende fundar su campaña polarizadora.
La polarización es un artefacto complejo, pese a sus rasgos simplificadores. No es un fenómeno exclusiva ni prioritariamente electoral. Todavía a meses de los comicios, la gobernabilidad se juega en un territorio polarizado. Los tiempos seguirán siendo intensos.
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