La noticia de que el presidente Mauricio Macri instó al Congreso a “avanzar pronto” con la nueva Ley Nacional de Alquileres no cayó bien entre los principales referentes del sector inmobiliario, que aseguran que el proyecto promueve cambios que perjudicarían tanto al sector como a los inquilinos. De hecho, hay quienes recriminan la intervención del mandatario en un tema que recae pura y exclusivamente sobre el Legislativo.

“El Poder Ejecutivo no tenía nada que hacer. Ya pasó por la Cámara de Senadores y todavía está en tratamiento en Diputados, (el presidente) tiene que respetar los tiempos de los legisladores. Y si tiene que influir en algo, no lo tiene que hacer públicamente sino hablar con sus diputados”, sentenció, en diálogo con LA CAPITAL, Miguel Angel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata.

Según informaron algunos medios, la iniciativa podría obtener dictamen esta semana en comisión para recién ahí ser tratada en la sesión. Vale destacar que el proyecto original ya cuenta con la media sanción del Senado, pero como va a sufrir modificaciones, deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Así todo, para Donsini, el impulso que Macri intentó brindarle al proyecto no fue más que “publicidad”. “Este año Diputados ya no lo va a tratar porque tienen que abordar el tema del presupuesto nacional. No había necesidad, hay cosas que no tienen lógica”, indicó.

Además de rechazar los tiempos y las formas, Donsini también criticó el proyecto. “Estamos en disconformidad con una serie de cuestiones de la ley”, aseguró, al tiempo que destacó que “algunas cosas nos parecen interesantes y que hay que ponerlas en práctica porque es una forma de facilitar el trámite al inquilino, algo que nosotros también buscamos, pero también sabemos cuál es inconveniente”.

Qué propone la ley

Entre las modificaciones que el oficialismo busca realizar en la legislación que regula el alquiler de las propiedades están: establecer una modalidad de actualización semestral y en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS); ampliar los contratos a tres años -en lugar de 2-; ofrecer un mayor acceso a la garantía a través, incluso, de aval bancario; obligar el registro de los contratos ante la AFIP y que la comisión quede a cargo del propietario.

Si bien existen diferentes opiniones sobre todos los puntos (por ejemplo, Donsini considera que la actualización debe ser anual y con la inflación indicada por órgano estatal), sin dudas el punto más criticado por los martilleros es el que prevé que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario.

“Si un inquilino va a una oficina a buscar un alquiler en el cual no es obligatorio la intervención de un profesional inmobiliario, la lógica es que si quiere la comodidad de tener un profesional que, durante 24 meses, le lleve todas sus quejas al propietario, tiene que pagar algo. Y si lo paga el propietario, sabemos que va a ser peor porque van a pedir que se cargue al alquiler”, indicó, asegurando que esa sería la “consecuencia lógica” y que el gasto debería ser dividido “por ambas partes”.

Además, señaló que ese cambio tendrá un importante impacto en la dinámica laboral y el rol que los martilleros mantenían hasta el momento. “Actualmente, nos debemos profesionalmente a dos personas, al inquilino y al propietario. Si se aprueba la ley, pasaríamos a tener un único cliente, el propietario”, subrayó.

El ejemplo de Capital

Para Donsini, el análisis del proyecto de ley puede hacerse con las consecuencias que se ven en Capital Federal, donde una ley similar se encuentra vigente desde el año pasado.

“En Buenos Aires, la ley ha llevado a elevar un 30 o un 35% más los valores de los alquileres, en referencia a la provincia”, señaló.

Además destacó que existen puntos en el proyecto que no tienen en cuenta la realidad de los alquileres bonaerenses. “Cuando hablan de las expensas, dicen que únicamente se van a pagar las expensas ordinarias y en Mar del Plata no se pagan expensas, las pagan los propietarios”, señaló y agregó: “Ellos ven Capital Federal como si fuera el resto del país”.

Si bien aseguró que el Colegio local y provincial ya tiene “representantes en la Casa de Gobierno preocupados” por la posible aprobación de la ley, en las próximas semanas tendrá lugar en Mendoza un encuentro de dirigentes del sector en el que continuarán abordando el tema.

“Estamos preocupados porque hay casi 300 mil personas que viven de esto, directa o indirectamente”, indicó.