El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Michelli, aseguró que las políticas del gobierno “sólo sirven para sacarle plata la gente”. Lo dijo en la presentación del Encuentro Internacional “La energía como derecho humano. Un problema de todos” que se realizó en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

Además de Micheli, encabezaron el encuentro el secretario adjunto de Luz y Fuerza Mar del Plata, José Rigane y más de 25 delegados y delegadas de organizaciones sindicales de nueve países de Latinoamérica y Europa.

“Las políticas de este gobierno sólo sirven para sacarle cada vez más poder adquisitivo a trabajadores, jubilados y los sectores productivos. Nos arrancan el poder de compra para ponerlo en el mercado financiero, para pagar deuda y hacer negocios con el FMI”, sostuvo Micheli y agregó: “Los trabajadores tenemos alternativas a todos los planes que tienen los gobiernos neoliberales, que son una desgracia para los pueblos de todo el mundo”.

Por otra parte, el sindicalista anunció las medidas que la CTA Autónoma está desarrollando en rechazo al ajuste y al proyecto de presupuesto 2019. “El 24 de octubre vamos a estar masivamente movilizados al Congreso con las demás centrales y organizaciones porque no queremos que voten ese engendro de presupuesto es una desgracia para el pueblo argentino. No es cierto que lo único que se puede hacer en Argentina es arreglar con el FMI. Hay otra camino, más sencillo, donde el sacrificio valga la pena, porque es nuestro camino, no el que impone Christine Lagarde.

Por último, consideró que el país está “en una crisis terminal, con familias que no pueden pagar las tarifas de los servicios”. “Por eso decimos que el gobierno tiene que condonar la deuda a la gente, porque no da más”, cerró.

Por su parte, Rigane detalló que la política energética del gobierno nacional es “una estafa”. “Vivimos una estafa a los usuarios de los servicios. Sufrimos aumentos permanentes de las tarifas o tenemos que hacernos cargo de pagar la devaluación. Esto lo hacen para garantizar la seguridad jurídica de las empresas pero violan la seguridad de los usuarios. Esta realidad hay que cambiarla y para eso hay que modificar el modelo energético, basado en extranjerización y privatización”.

“Necesitamos un Estado que garantice el acceso a la energía a toda la población todos accedan, y terminar con el concepto de la mercancía. La energía es un bien social, un derecho humano e imprescindible para acceder a una vida digna. En cualquier país de Europa si una familia destina más del 10 de sus ingresos a pagar servicios, se la considera en pobreza energético. Acá las familias deben destinar el 50 o 60 por ciento y hasta sacar créditos, porque solo se busca garantizar la rentabilidad de las empresas”, añadió.