La profundización del conflicto laboral que desde hace varias semanas impide la realización de las sesiones plenarias del Concejo Deliberante motivó este jueves una nueva reacción de parte de la mayoría de los concejales, quienes además de respaldar los reclamos de los trabajadores, acusaron a la gestión del intendente Carlos Arroyo de “avasallar a las instituciones” y hasta en algunos casos deslizaron la posibilidad de impulsar la interpelación del jefe comunal.

“No está muy lejos que, tal cual lo autoriza el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, empecemos a debatir que el intendente venga a explicar en el Concejo lo que está sucediendo, ya que está en juego el sistema democrático” sostuvo el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, durante una conferencia de prensa en la cual los concejales censuraron la decisión del Ejecutivo de no cumplir con un decreto mediante el cual se dispuso el reencasillamiento laboral de varios trabajadores del cuerpo.

Rodríguez advirtió sobre la posibilidad de interpelar al intendente luego de que, por segunda vez consecutiva, los empleados del Deliberativo resolvieran realizar una retención de tareas, impidiendo que se llevara adelante la sesión plenaria prevista para hoy.

La medida de fuerza se originó ante la negativa del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, de implementar un decreto mediante el cual el Concejo dispuso reencasillar a un grupo de empleados administrativos.

Sin mencionar el nombre del funcionario ni el del intendente, durante la conferencia realizada este jueves, el presidente del cuerpo, Guillermo Saenz Saralegui, criticó a “las personas que han rechazado este decreto” a las cuales les reclamó que “tengan a bien reconocer su error”.

Ante los periodistas y el personal del Concejo, los jefes de cada una de las bancadas políticas, con excepción de Agrupación Atlántica (aunque sí estuvo presente el edil del PRO, Guillemo Volponi), coincidieron en expresar su “solidaridad” con los trabajadores y en lanzar fuertes críticas contra la gestión de Arroyo.

“Esta es la primera vez que el Ejecutivo avasalla un decreto de otro poder independiente de la democracia”, lamentó la radical Vilma Baragiola, quien le reclamó al intendente “una respuesta urgente para que los trabajadores recuperen la tranquilidad y este Concejo pueda volver a trabajar y los concejales podamos ejercer la tarea para que los vecinos nos eligieron”.

Asimismo, aludiendo a la actuación de Mourelle, Baragiola consideró que “la opinión de un secretario no puede ser superior a la de un presidente de un Concejo o a la de 24 concejales” por lo que instó al jefe comunal a que “como jefe político de la ciudad dé una orden para que regrese la normalidad”.

A su turno Daniel Rodríguez consideró que con su decisión de no cumplir con el reencasillamiento de los empleados del Concejo, el gobierno “comete una injusticia” con los trabajadores “y una clara y aviesa invasión de poderes“.

Y consideró que “lamentablemente el intendente está cada vez más expuesto” a tener que dar explicaciones, motivo por el cual, marcó la voluntad de su bancada de promover su interpelación.

Por su parte la jefa del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, también instó al intendente a “respetar” el reencasillamiento del personal del Concejo y reclamó que la alianza Cambiemos “dirima sus conflictos internos en beneficio de los vecinos a los que prometió cambiarles la vida”.

“Ir contra el Concejo Deliberante es un intento político calculado de Arroyo porque prefiere el espectáculo de la confrontación, en lugar de la gestión como respuesta a los vecinos”, agregó.

En tanto que el presidente del bloque de 1País, Ariel Ciano, también expresó su respaldo a los trabajadores y al presidente del Concejo y lamentó la conducta del gobierno. “Nos estamos acostumbrando a que el intendente no solo no resuelva los conflictos, sino a que genere nuevos problemas“, lamentó.

En tanto que el concejal de Crear, Alejandro Carrancio, también manifestó su apoyo hacia los empleados y reclamó “respeto” de parte del Ejecutivo ante un decreto que “es acorde a la ley y que fue consensuado en el Concejo”.