El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, consideró hoy que si la Justicia no frena el cobro extra por el consumo de gas debería actuar el Congreso al momento de tratar el Presupuesto 2019.

“Hay un repudio generalizado a esta medida”, dijo Lorenzino, quien esta semana presentó un recurso administrativo ante la secretaría de Energía, que conduce Javier Iguacel, responsable de la Resolución que exige el pago a los usuarios.

El recurso presentado por la Defensoría bonaerense se dio como respuesta a los numerosos reclamos derivados por los usuarios y consumidores de la provincia de Buenos Aires, pero aún no tuvo respuesta, señalaron desde el organismo.

En esa presentación, la Defensoría bonaerense le advierte a Iguacel que la disposición “es ilegal” porque va “en contra de una serie de normas” que regulan la prestación del servicio, por lo que si el pedido no tiene respuestas, se irá a la Justicia.

En declaraciones a radio La 990, Lorenzino se quejó de que en la Argentina no exista “el riesgo empresario” para las grandes compañías gasíferas, mientras que en el resto de los sectores económicos las empresas “asumen costos para ganar y para perder”.

“Las únicas que no pierden son las concesionarias de gas porque además las subsidiamos entre todos los argentinos para que produzcan”, señaló Lorenzino y dijo que si las demandas no prosperan en la Justicia, será el Congreso el que deberá “poner orden” en este tema “que no resiste el menor análisis”.

“Los vuelvo a escuchar a Iguacel y ya no solo es una falta de respeto a los usuarios sino que también expresa una amenaza: si no hago esto el gas va a salir el triple . Es un funcionario que le mete miedo a la población”, cuestionó Lorenzino.

En ese sentido, agregó: “A este gobierno siempre le fue muy cómodo meter la mano en el bolsillo de la gente. El Estado está para otra cosa: para controlar, regular y exigir a las empresas que cuando pierden absorban los costos y cuando ganan inviertan”.

Lorenzino dijo que las empresas de gas registraron ganancias de entre 700 y 800 millones de pesos en el último año, según los propios balances de las compañías.