Tres hombres fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N°1 con penas de entre 7 y 13 años por ser encontrados culpables de trata de personas y explotación sexual de cuatro mujeres oriundas de Pringles en un campo de la localidad de Azul.

Los condenados por el delito de “trata de personas agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la multiplicidad de los autores” son Sergio Rubén Mansilla (49), quien recibió trece años de pena, su hijo Rubén Ernesto Mansilla (29), quien recibió siete años, y Carlos Alberto Martínez (79), nueve.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani había hecho una ampliación de la imputación durante el debate: planteó que estaba acreditada la explotación -que no había sido incluida en el requerimiento fiscal de elevación a juicio- y consideró los hechos en concurso real, lo que permitió aumentar los montos de las penas. El fiscal había solicitado el decomiso de un vehículo Fiat Siena y la vivienda de Azul, desde donde llevaban a las víctimas al lugar de explotación. La sentencia sólo dio lugar al decomiso del automóvil, que fue utilizado para el traslado de las mujeres, dado que los jueces entendieron que no estaba acreditada la utilización del inmueble para los hechos juzgados.

El caso, sobre el que dictaron sentencia los magistrados Mario Portela, Roberto Falcone y Alfredo Ruiz Paz, se había iniciado en abril del 2015 a través de la denuncia que llegó a la Justicia provincial. La madre de una de las víctimas había recibido el llamado de su hija, quien le dijo que estaba cautiva en un campo junto a una amiga y sus hijos, que no las dejaban salir y les habían sacado los celulares. La joven había logrado usar el teléfono de su captor en un descuido del anciano. Tras los allanamientos, se declinó la competencia al fuero federal y tomó intervención el fiscal federal subrogante, Walter Romero.

En un primer momento había quedado procesada una de las víctimas, quien era pareja de Rubén Mansilla y fue utilizada por los imputados para captar a mujeres conocidas para ser explotadas. De cualquier forma, fue obligada bajo amenazas por Sergio Mansilla a prostituirse junto a otra joven.

Ambas habían sido llevadas a un campo para mantener relaciones sexuales con hombres, pero la situación no les gustó. Los imputados entonces requirieron nuevas víctimas: un llamado por teléfono, una falsa promesa de trabajo, la ilusión de las jóvenes de salir de la miseria, el engaño y la explotación. Una vez en el lugar, debían hacer lo que les ordenaban, sino las “materían, tirarían en un zanjón, y que serían vendidas a un campo en Rauch para someterlas a la prostitución”.

Situación de vulnerabilidad

Tal como fue establecido en el requerimiento de elevación a juicio y constatado durante el juicio, las mujeres “presentaban características de extrema vulnerabilidad social y familiar, lo que las tornaba víctimas plausibles ante los ahora procesados quienes, conociendo tales circunstancias, se aprovechaban de ello”.

Las realidades que las jóvenes llevaban consigo hablaban de situaciones extremas. Una de ellas era prostituida desde los 17 años, dos se habían conocido internadas en el Patronato de Mujeres de Pringles, ninguna tenía trabajo formal, y dos de ellas no sabían siquiera leer ni escribir. Una de las mujeres relató que junto a sus hermanos habían sido abandonados por sus padres desde pequeños, y un informe de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC) dio cuenta de la situación de la mujer que fue víctima, aún siendo pareja de uno de los acusados. Desde pequeña su madre la mandaba a pedir dinero a casas de la ciudad, ella vivía inmersa en situaciones de violencia y hasta sufrió un abuso sexual en una de las viviendas donde fue a pedir ayuda económica. Fue mamá a los 15 años pero seis años después la criatura murió, en medio de la violencia que su entonces pareja ejercía.