La “Casa del Trabajador” volvió a reclamar que la Justicia obligue a las autoridades provinciales a resolver “la grave emergencia asistencial” en la que se encuentra el Hospital Interzonal General de Agudos.

A través de una nueva presentación, la entidad describió la serias dificultades edilicias que sufre el establecimiento y advirtió sobre el surgimiento de un “mercado ilegal” de venta de turnos para acceder a atención medica.

“Ante la falta de médicos se retacean los turnos por lo que muchas personas acampan y duermen afuera” del establecimiento, señaló la organización, luego de haber realizado un nuevo relevamiento sobre las condiciones de funcionamiento del hospital.

En el documento elaborado tras una recorrida por distintos sectores del edificio, se puntualizó que frente a la escasez de profesionales y las extensas esperas que deben soportar los pacientes, actualmente existen personas que les ofrecen turnos a cambio del pago de 300 pesos.

Frente a este hecho, la Casa del Trabajador exigió la actuación de la Justicia para que de manera “urgente” obligue a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires a resolver una situación a la que describió como de “grave emergencia asistencial”.

Puntualmente la organización requirió una respuesta de parte del juez de Ejecución Penal Juan Galaretta, quien desde hace más de un año tramita una denuncia relacionada con la problemática vinculada a las prestaciones que ofrece el HIGA.

Tras haber realizado un relevamiento sobre los servicios del hospital, en un documento difundido en las últimas horas la Casa del Trabajador aseguró haber constatado una vez más “falta de médicos, enfermeros e insumos” y recolectado testimonios de profesionales dispuestos a “renunciar inmediatamente” a causa de los inconvenientes que afrontan a diario para cumplir con su trabajo.

El año pasado la Casa del Trabajador había impulsado un recurso de amparo para que la Justicia le exigiera a las autoridades provinciales cumplir con su deber de “garantizar el derecho de acceso a la salud de los ciudadanos”.

En ese marco, en mayo de 2017 el juez de Ejecución Penal, Juan Galarreta, realizó una inspección ocular en el establecimiento.

En aquél momento, el abogado que impulsó la demanda, Julio Hikkilo, subrayó que mediante aquella actuación la Justicia reunió elementos que permitieron confirmar que el HIGA se encontraba en un estado de “total abandono” y que no se encontraba en condiciones de garantizar el acceso “al derecho a la salud y la vida” de los ciudadanos.

Esta semana Hikkilo hizo públicas las conclusiones de una nueva visita realizada al hospital.

“A pesar de los reiterados reclamos y de las promesas de mejoras nuevamente hemos constatado que en la guardia hay faltante de médicos clínicos en forma permanente y una demora de entre 4 y 5 horas para atender a los pacientes”, se indicó.

Además advirtió que los médicos residentes desempeñan su trabajo “sin un instructor que los guíe, cometiendo numerosos errores”.

Sumado a eso se denunció el faltante de “bocas de oxígeno, bombas de infusión para administrar medicamentos y de medicamentos esenciales”.

Según la nueva presentación realizada por la entidad, el sector de guardia aún continúa “saturado de personas internadas“, a la vez  que se detectó la presencia de pacientes hospitalizados en sillas de ruedas y de personas con cuadros “infectocontagiosos sin la aislación adecuada”, lo que expone a otros pacientes y a los trabajadores a la posibilidad de contraer enfermedades.
En materia de edilicia, la Casa del Trabajador también alertó sobre la existencia de “salas internación sin baños, persianas que no se abren y de goteras”.