Un grupo de diputados bonaerenses del Frente para la Victoria (FpV), entre ellos la marplatense Alejandra Martínez, presentó hoy un recurso de amparo contra el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional en el que pidió la nulidad de esas medidas y reclamó la realización de audiencias públicas.
La acción fue presentada ante el Juzgado Federal 2 de La Plata por los legisladores del (FpV) por la provincia de Buenos Aires, Walter Abarca, Eva Ramírez, Valeria Amendolara, Andrés Quinteros, Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Liliana Pintos y Marcelo Feliú, entre otros.
En el escrito, los legisladores sostuvieron que las resoluciones del Ministerio de Energía “han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin la realización de una audiencia pública previa que asegure al menos un elemental nivel de información y participación de los usuarios y las usuarias, que se verán afectados por la modificación de las tarifas eléctricas”
En el recurso, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y consideraron que “una modificación tarifaria de tales características que afecta un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Por ello, exigieron el cumplimiento de la Ley 24.065 -“Régimen de la Energía Eléctrica”-, la que en sus artículos 46 y 48 regula el procedimiento de audiencias públicas, que resulta necesario para el establecimiento de una tarifa justa y razonable
“Este recaudo es el único procedimiento viable para que la comunidad afectada y los titulares de derechos de incidencia colectiva puedan participar, informarse, emitir su punto de vista, ser parte activa de la determinación de un nuevo cuadro tarifario”, graficaron.
Los legisladores presentaron además un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el que repudian el aumento y adelantaron que iniciarán una campaña en diferentes distritos bonaerenses, convocando a los vecinos comercios, instituciones de bien público, PyMEs, integrantes de la economía social, organizaciones comunitarias, entre otros damnificados, para que puedan ejercer su derecho constitucional de solicitar la realización de la audiencia pública correspondiente.