El abogado de la familia de Fernando Lario, Julio Razona, presentó ante la Fiscalía N° 1 un pedido para que se periten los restos humanos hallados este jueves en un descampado para confirmar o descartar si se tratan del arquitecto desaparecido en julio de 2012.

La solicitud fue realizada ante el fiscal Fernando Castro. Razona considera que, luego de ser privado de su libertad, “conforme surge de las testimoniales agregadas”, Lario “habría sido trasladado” a la zona en que se encontraron los restos óseos.

El hallazgo se produjo en un terreno baldío ubicado en Newbery y 429, en un sector próximo al barrio privado Rumencó. Estaban dentro de una bolsa de nailon blanca y junto a un árbol. Además de los restos, en la bolsa había espejos y vidrios. En la investigación interviene la Fiscalía N° 5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli.

En noviembre del año pasado, a raíz de una nueva pista, la causa Lario cambió de calificación, de “averiguación de paradero” a “homicidio en ocasión de robo”, una visión absolutamente distinta.

Esa “nueva pista” es la que colocaría al cuerpo de Lario en una zona geográfica de la ciudad cercana a donde el jueves fueron hallados los huesos humanos.

Aunque desde un primer momento se investigaron varias posibilidades, ninguna descartó a la otra: el suicidio, la desaparición voluntaria, la desaparición forzada o el homicidio. Todas esas hipótesis encontraban algún grado de probable corroboración, principalmente por las peculiaridades palpables en la vida de Lario. Se trata de un hombre que hasta el año 2012 poseía algunas deudas derivadas de su labor como constructor.

El 7 de julio de 2012 Fernando Lario, un arquitecto y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, desapareció tras un acto eleccionario en el complejo de Funes y Roca. Sus pertenencias, un morral y un abrigo, aparecieron al borde de un acantilado camino a Chapadmalal.

La familia de Lario en todo momento rechazó la versión del suicidio y, mucho más aún, la de la desaparición voluntaria por cuestiones vinculadas a deudas. Su hermana Laura, quien motorizó desde un primer momento las marchas y reclamos, cuestionó a la fiscal María Isabel Sánchez, quien inició la investigación.

En la actualidad existe una recompensa por 200.000 pesos, tanto en Provincia como en Nación, para aquellas personas que puedan aportar datos sobre lo sucedido con Lario.