El secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, puede darse por satisfecho: después de que tildó de “caraduras” a los dirigentes de la Sociedad Rural que buscaban una disminución de la tasa vial, ninguno de los proyectos para bajar ese tributo avanzó en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante. Lo mismo sucede con las notas que enviaron las canteras sobre los derechos de extracción de piedras y minerales, así como con las que presentaron la CGT y Consumidores Argentinos para que se revea la tasa de servicios urbanos (TSU). El bloque más cercano a Arroyo resiste esos conatos de cambio y hasta empezó a blandir la posibilidad de algún veto.

Las mayores posibilidades de avanzar las tiene un proyecto redactado por Cristina Coria (UCR) para bajar un 50% el aumento de la tasa vial. Se trata de la que les cobran a los productores para mejorar los caminos rurales. La Sociedad Rural local fue crítica con la suba –que en algunos casos supera el 400%– y sigue cada encuentro de la comisión de Hacienda con la esperanza de que algo cambie. Por ahora, siempre se fueron con la ilusión de que será la semana siguiente.

Hoy no fue la excepción. Después de que el hijo del intendente, Guillermo Arroyo (Agrupación Atlántica), advirtiera que podía haber inconvenientes legales si el Concejo cambiaba una tasa que había establecido, el oficialismo dejó en comisión el proyecto de Coria.

El jefe de la bancada de la Agrupación Atlántica dijo que la semana próxima podrían acompañar ese expediente, pero también alertó que si no se tomaban recaudos podía complicarse la aplicación de la medida. Para algunos testigos, con esa advertencia Arroyo empezó a preparar el escenario para un posible veto.

También quedó en comisión la nota de disconformidad con la tasa por explotación de canteras y extracción de piedras y minerales. Más incierto aún es el destino de las quejas de la CGT, el Frente de Mujeres del Campo Nacional y Popular y Consumidores Argentinos sobre la TSU: la comisión pidió informes a la secretaría de Economía y Hacienda, la que propuso los aumentos. La de Consumidores no solo es un reclamo de disminución, sino además una impugnación al pago retroactivo de la tasa. Ya avisó que, si eso no se modifica, planteará en la Justicia su inconstitucionalidad.

Ante esta andanada de cuestionamientos a las ordenanzas fiscal e impositiva, aprobadas el 26 de abril con el voto del interbloque Cambiemos, la oposición reclama un replanteo. De momento, nada hace pensar que el intendente Arroyo esté pensando alguna revisión.