Concejales de la oposición advirtieron la necesidad de que el municipio precise los conceptos que componen la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), tras conocerse un fallo judicial que declara “inconstitucional” algunos artículos de las ordenanzas fiscal e impositivas.

La decisión alcanza exclusivamente a la demanda particular, un colegio de la ciudad que en 2016 había iniciado la vía judicial luego de recibir una factura con valores superiores a los que correspondían.

El fallo fue dictado por el juez Simón Isacch, a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1, quien declaró “la inconstitucionalidad de los artículos 71 de la Ordenanza 22.594 y de la Ordenanza 23.021 (Ordenanzas Fiscales para los ejercicios 2016 y 2017), así como el art. 3º inc. b) de la Ordenanza 22.066 y de la Ordenanza 22.595 (Ordenanza Impositivas para los mismos períodos), en relación a la cuenta nº 4923/0 de titularidad de Paideia SRL”.

“Marca un precedente”

Consultada por LA CAPITAL, la concejala por Unidad Ciudadana Virginia Sívori señaló que “si bien esta decisión judicial está dada por un caso particular y no tiene incidencia con los contribuyentes en general, es un hecho que marca un precedente”.

Señaló así que este fallo debiera “llamar la atención” del Departamento Ejecutivo para que “especifiquen los conceptos y las prestaciones” que el municipio le brinda al vecino a través de los servicios urbanos.

“Desde hace un tiempo venimos anunciando que la información que reciben los vecinos en relación al cobro de las tasas no es clara. No solo por los aumentos y el adicional correspondiente a los ajustes retroactivos del 2018, sino porque no hay precisiones de las prestaciones que brinda el municipio. Además de haber aplicado subas, en algunos casos desmedidas”, indicó.

“Improvisación” y “Desmanejo”

El presidente del bloque de 1País, Ariel Ciano, también exhortó al municipio a “precisar cuales son esos ‘otros servicios’ que cobra en la factura”, uno de los principales ejes sobre los que se basa el fallo judicial.

Es que según indica el juez Simón Isacch, a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1, dicha imprecisión puede afectar el principio de legalidad de lo que implica una tasa municipal.

En su fallo, específicamente aclara: “El hecho imponible atiende no solo a actividades que tienen relación con el frentista propietario, sino que además agrega servicios cuya cantidad, variedad y ambigüedad afectan el principio de legalidad, al extremo de transformar la TSU en un impuesto”.

Para Ciano, si bien se trata de un fallo particular, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un colegio que también objetaba “el modo en que se ha utilizado de la valuación fiscal del inmueble”, la decisión del juez podría “poner en crisis todo lo referido al pago de la TSU, (ya que) es posible y hasta lógico que los vecinos soliciten el mismo trato para sus casos”.

“Estamos todos siendo víctimas de la improvisación a la hora de gobernar, con marchas y contramarchas en lo anunciado como si se tratara de un juego”, agregó.

Por su parte, Claudia Rodríguez, de Acción Marplatense, no se mostró sorprendida ante la decisión del juez y, al igual que su par Ciano, también apuntó a los inconvenientes de la gestión.

“El fallo del juez, sumado a los múltiples reclamos que llegan desde diversos sectores que se encuentran con facturas abultadísimas, habla de un desmanejo que parte del secretario de Economía y Hacienda (Hernán Mourelle), que convalida el intendente, y trae fuertes prejuicios a los vecinos de Mar del Plata”.

La falta de actitud resolutiva por parte del Ejecutivo también fue destacada por el edil del bloque Sumar, Santiago Bonifatti, quien aseguró que percibe que la gente tiene que acudir a “situaciones extraordinarias”, como puede ser tener que ir hasta un tribunal, “para expresar una cuestión que no resuelve el Municipio”.

“Tenemos una caída en la recaudación, dado que sin duda alguna los contribuyentes no pueden pagar. Otros no quieren y otros buscan la salida, ya sea a través de Defensa del Consumidor o denuncias en tribunales, pero la gente cuando se ve acorralada, reacciona”, indicó.

Sobre el fallo en cuestión, el edil aclaró que se trata de “una discusión de constitucionalidad que tendremos que revisar para ver cómo se sigue, porque no es un dato menor que haya un juez federal que diga que la tasa es inconstitucional”.