La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó elevar a juicio la causa contra el administrador de un consorcio, su hijo abogado, una profesora de biología, dos jubilados y un martillero por haber cometido al menos ocho estafas procesales para adquirir cocheras del edificio Semar XI en subastas judiciales.

Para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna, desde el consorcio del edificio Semar XI -Arenales 2319- iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que los propietarios nunca se dieran por enterado que le podían rematar la cochera por deudas: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda con el consorcio.

Los fiscales Javier Pizzo y David Bruna pidieron llevar a debate oral a Adolfo Salvador Salminci (64) y su hijo Marcelo Salminci (39), administradores del edificio Semar XI y el menor de los hombres abogado y apoderado de la firma; el martillero Mario Castelao (57); la profesora de biología, pareja de otro hijo de Adolfo Salminci, Yésica Lorena Santa Ana (34) y los jubilados Nora Iris Jaime (64) y Roberto Di Ciocco (78).

Para los fiscales, durante la investigación quedó demostrado que Adolfo y Marcelo Salminci, imputados como coautores en las estafas procesales “tuvieron un rol fundamental en la preparación y materialización” de al menos ocho subastas irregulares de cocheras del edificio Semar XI, el cual administran con la firma Salminci SRL”.

Por su parte, el martillero Mario Castelao quedó imputado por su participación en una de las subastas realizadas y fue sobreseído en otros cuatro casos en los que, si bien estuvo al frente de los remates, en la investigación no pudieron probar que hubiese actuado intencionalmente para favorecer a los otros sospechosos. Para los fiscales, el rol de Castelao fue fundamental para que Yésica Lorena Santa Ana adquiriera una cochera durante una subasta en la que no re respetó la normativa.

Puntualmente, sobre la situación de Castelao, los fiscales consideran que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de su colaboración, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia al no respetar el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitir que se consumara la maniobra y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

Yésica Lorena Santa Ana está imputada como partícipe necesaria de estafa procesal, acusada de haber adquirido cuatro cocheras del edificio Semar XI en remates irregulares. Para los fiscales, la profesora de biología “no podía desconocer de ningún modo las circunstancias que rodearon el evento”. Además, cuestionaron que hubiese podido comprar los cuatro bienes con su sueldo de profesora temporal, único ingreso que tiene declarado en AFIP.

Finalmente, los jubilados Nora Iris Jaime y Roberto Di Ciocco también están imputados como partícipe necesaria de estafa procesal. La mujer acusada de haber aportado su nombre, datos personales y domicilio para poder cometer los ilícitos y el hombre de haber participado como comprador, a sabiendas, en una subasta irregular.

Los fiscales consideran que los ocho hechos por los cuales pidieron llegar a juicio no pueden analizarle de forma aislada, ya que “se trata de miembros de una misma administración que de forma deliberada consignaron datos falsos en certificados de deuda incorporados en el marco de expedientes civil, acompañando a tal efecto certificados de deuda, con el objetivo de obtener sentencias favorables, recuperar los montos adeudas y conseguir los inmuebles”.

“Los comportamientos permiten advertir una interacción coordinada y organizada de Marcelo y Adolfo Salminci, Yésica Lorena Santa Ana, Nora Iris Jaime y Mario Castelao según el caso, en el marco de circunstancias muy específicas que se repiten en forma de patrón (mismo letrado, mismo martillero, mismo edificio, mismo tipo de propiedad, mimo adquiriente, mismo tipo de defectos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia), entendiendo que cada uno cumple un rol en este esquema así como también la finalidad de su accionar”, expresan Pizzo y Bruna.

Por otra parte, los fiscales decidieron sobreseer a un médico que había sido investigado como un comprador fraudulento en estos remates irregulares.

La fiscalía investiga siete casos de fraudes vinculadas a remates de cocheras del edificio Semar XI.

Cómo eran los fraudes

El 5 de diciembre de 2015, Marcelo Salminci, como mandatario del consorcio de propietarios del edificio Semar XI, junto a su padre Adolfo Salminci, administrador del consorcio, promovieron una demanda para ejecutar las expensas adeudas de una cochera. Al titular de la cochera lo intimaron al pago de la deuda con una notificación enviada a una dirección en la que no vía y que resultó ser la casa del propio Marcelo Salminci.

La maniobra tuvo la intención de engañar al titular del Juzgado Civil y Comercial N°13 Maximiliano Colangelo, quien incurriendo en error ordenó la subasta del bien, pero finalmente la subasta no fue realizada luego de que el magistrado fuera notificado de la situación real.

Otro de los hechos, y en el cual está imputado también el martillero, se inició entre el 1 y el 13 de marzo de 2008, cuando Adolfo Salminci -administrador del edificio Semar XI- y el abogado Marcelo Salminci, en un plan previo con participación de Nora Iris Jaime, Yésica Lorena Santa Ana y el martillero Mario Castelao, promovieron una demanda para ejecutar las expensas adeudas de una cochera.

En esta oportunidad actuaron de la misma manera que en los demás hechos investigados: denunciaron un domicilio falso que presuntamente correspondía al titular registral, para intimarlo con el pago a sabiendas que el hombre no vivía allí, ya que se trataba de la casa Nora Iris Jaime.

Con esa información falsa engañaron a la jueza Daniela Basso de Cirianni, quien ordenó la subasta, la cual fue ganada por Yésica Lorena Santa Ana,-esposa de otro hijo de Adolfo Salminci.

Para los fiscales, en esta oportunidad, la maniobra fue posible gracias al martillero Mario Castelao, quien estaba a cargo de la subasta judicial e incumplió con sus deberes como auxiliar de justicia le imponían y recomenzó la subasta sin orden de un juez.

La Liga de compradores

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

El inicio de una investigación integral a una mafia

Como ya publicó LA CAPITAL, existieron antecedentes de esta “liga de compradores” que opera en remates judiciales. Esas causas, en las que los compradores se sintieron amenazados para no participar, fueron desestimadas en su momento ya que, para los fiscales competentes, no hubo un hecho delictivo que mereciera una investigación.

Sin embargo, y a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía de Delitos Económicos por “estafas procesales”, Pizzo en un escrito le había manifestado al fiscal general Fabián Fernández Garello la posibilidad real de la existencia de una organización delictiva dedicada a adquirir bienes en las subastas judiciales, conocida públicamente bajo el nombre de “La liga”.

Es que, para el fiscal Pizzo, lo que advirtió en los videos y en su investigación excede a “actitudes coactivas independientes” y podrían estar enmarcadas en una actividad de una sociedad ilícita que perdura en el tiempo. Pero, como la coacción durante una compra en un remate judicial ya fue desestimada en su momento por un fiscal, Pizzo le manifestó al fiscal general Fernández Garello la “necesidad de englobar las acciones en una investigación con una mirada integral” para poder desenmascarar a una organización delictiva que opera a la vista de toda una ciudad y el sistema judicial.

Ante esta situación, la Fiscalía General le encargo al titular de la Fiscalía N°5, Alejandro Pelegrinelli, abrir una causa para investigar la posible existencia de esta “liga inmobiliaria” de compradores en subastas judiciales.
Por estos motivos, los fiscales Pizzo y Bruna, en el pedido de elevación a juicio destacaron que “por las conductas desplegadas de los sospechosos en las subastas, se impulsó el inicio de una investigación por la posible comisión del delito de coacción y de asociación ilícita, que se encuentra en la Fiscalía N°5”.