El Gobierno elevó hoy de 10 millones a 50 millones de pesos el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sometidas a un mayor control estatal, cifra que no se modificaba desde 2006.

La decisión se tomó a partir de una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

“Fíjase en 50 millones de pesos el monto del capital social a partir del cual las sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente, conforme el artículo 299 de la Ley General de Sociedades Nø 19.550 y sus modificatorias”, según el texto oficial.

El Poder Ejecutivo recordó que Ley General de Sociedades dispone que las sociedades anónimas, además del control de constitución, “quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en ciertos casos, entre los que se encuentra cierta cifra del capital social”.

También, señaló que la última modificación del capital social había sido dispuesto en mayo de 2006, por lo cual consideró necesario “revisar y actualizar el monto actualmente vigente de 10 millones de pesos de capital social, a partir del cual las sociedades anónimas quedan sometidas a exigencias funcionales más estrictas y a un mayor contralor estadual”.

“La norma establece una pauta patrimonial para el sometimiento de las sociedades anónimas a fiscalización permanente y exige que ella sea adecuada a la realidad económica”, explicó el Ministerio de Justicia. Y justificó el ajuste al señalar que “la depreciación de la moneda producida desde la última modificación se refleja en el incremento en el número de sociedades anónimas que se han ido incorporando”.

“En consecuencia se impone, en aras del cumplimiento del principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe inspirar los actos de gobierno, adecuar el monto mínimo de capital social previsto para imponer el control estadual”, añadió.

Según la Inspección General de Justicia, actualmente hay 3.204 sociedades anónimas sujetas a fiscalización estatal permanente por razón de su capital.