Un hombre y una mujer fueron procesados por trata de personas con fines de explotación laboral tras una denuncia realizada por dos jóvenes de 16 y 20 años.

La Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo de Nicolás Czizik, inició una investigación que terminó con un allanamiento en el que se encontraron a 30 personas, seis de ellas menores, que realizaban también tareas en un campo ubicado a la altura del kilómetro 20 de Batán.

A su vez, el juez federal Santiago Inchausti ordenó el decomiso de la quinta y un embargo de 3,5 millones de pesos.

Según se detalla en el expediente firmado por Inchausti, “el grueso de las personas que prestan servicios en (el campo allanado) corresponde a trabajadores en negro, clandestinos o no registrados, pudiendo afirmarse que en el lugar existe explotación laboral”.

Asimismo, el magistrado afirmó: “se adiciona el deterioro de las condiciones de vida por un lado, esto es el hábitat y la prestación deficiente de servicios elementales evidenciada en el predio; y de trabajo por el otro, al haberse verificado la extensión abusiva de las jornadas laborales, la falta de horas y días de descanso, retribuciones por debajo de los mínimos que rigen la actividad y con modalidades de pagos abusivas, la existencia de trabajo ilegal o migratorio y de personas menores de edad”.

A los dos procesados se los acusa de ser autores penalmente responsables del delito trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad; en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre, los que concurren idealmente con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de personas extranjeras en el territorio nacional, abusando de su necesidad, haciendo de ello una actividad habitual.

El perfil de las víctimas de la causa tiene características en común, en su mayoría son personas oriundas de Bolivia o de provincias del norte argentino y en general tienen un grado de instrucción muy bajo.

La investigación comenzó después de que dos jóvenes se acercaran a un móvil de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba por la zona. Afirmaron estar indocumentados, porque la encargada de la quinta les retuvo los DNI aduciendo que debían pagar los gastos del viaje desde su lugar natal, y que desarrollaban cosecha de hortalizas en forma irregular. Además, explicaron que habían decidido irse de la quinta donde habían llegado días antes bajo falsas promesas de condiciones de trabajo.

Al llegar, supieron que el monto de dinero prometido era menor, que tenían que trabajar más de ocho horas y que además debían pagar la comida y el alojamiento en el mismo campo.
A partir de allí se ordenaron tares de inteligencia a la Prefectura, que terminaron en un allanamiento realizado el 17 de diciembre de 2015.

El campo allanado era de dos emprendimientos diferenciados entre sí, pero con características idénticas al respecto de la explotación de los trabajadores. Tenía como responsables a dos personas oriundas de Jujuy, una mujer y un hombre, quien viajaba una vez al año a Bolivia y regresaba con trabajadores con promesas de trabajo y vivienda en el lugar.

Pagos y contrataciones irregulares

“El dinero correspondiente a la totalidad de la producción y/o sueldo, según el caso, era retenido por los dueños de la quinta investigada y entregado parcialmente a las personas que allí prestaban su fuerza de trabajo”, detalló el juez Inchausti.
A su vez, se sumaba la situación irregular de contratación. “La totalidad de las personas no estaban debidamente registradas ante los organismos de contralor –como RENATEA o AFIP-, “desempeñando sus tareas por fuera del sistema formal de trabajo, sin cobertura médica ni aportes a la seguridad social”.

Decomiso e intervención del campo

En su resolución, Inchausti dispuso el decomiso preventivo de los predios rurales allanados y de todos los elementos de trabajo.

Por otro lado, resolvió la intervención del lugar, “a efectos de no vulnerar más aún los derechos de las personas halladas en los predios en cuestión, y agravar su situación”. El magistrado solicitó a RENATEA “se sirva tomar los recaudos necesarios dirigidos a efectuar el debido contralor de los pagos, sobre las condiciones habitacionales y jornadas laborales”. Asimismo, ordenó a los procesados acreditar la registración de los trabajadores en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de ser considerado un supuesto de entorpecimiento de la investigación y, en consecuencia, revocarse la excarcelación de ambos.