El Gobierno rechazó la última oferta que hizo Correo Argentino SA para saldar su histórica deuda con el Estado y pidió “suspender los plazos procesales” del concurso preventivo hasta que se resuelvan los planteos judiciales pendientes tanto en ese expediente como en los otros litigios iniciados por la empresa de la familia de Mauricio Macri contra la administración pública.

Este pedido oficial, para ponerle puntos suspensivos al concurso hasta que se resuelvan los otros pleitos, no impidió que la empresa pidiera una audiencia para seguir discutiendo su oferta al Estado.

Este jueves, la Justicia Comercial aprobó esa instancia pedida por la compañía de la familia Macri y fijó una reunión para el 10 de julio próximo.

Correo Argentino SA entró en concurso preventivo hace más de quince años.

La deuda original con el Estado ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a 293 millones de pesos.

En 2016, la empresa hizo una nueva oferta por la deuda, que desató una fuerte controversia cuando la fiscal del concurso, Gabriela Boquín, calificó de “abusivo” al ofrecimiento.

Semanas atrás, Correo Argentino SA hizo una nueva oferta para cancelar su deuda con el Estado: ofreció el edificio de Monte Grande donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial.

Según la compañía, esa propiedad hoy vale casi 1.000 millones de pesos.

Pero el inmueble de Monte Grande forma parte, a su vez, del reclamo que Correo Argentino SA le hace al Estado en la causa que -en paralelo- se tramita en el fuero contencioso administrativo.

La Procuración del Tesoro, que actúa como abogada del Estado, no explicitó su postura sobre el monto de la oferta.

En cambio, dejó en evidencia la mora y las contradicciones que persisten en el proceso y pidió “suspender los plazos procesales hasta tanto se resuelvan las cuestiones pendientes”.