El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, al impulsar una investigación para determinar si cometió algún delito en relación a su vínculo con la empresa Farmacity, ante la denuncia de que habría sido favorecida como proveedora del Pami.

“Resulta, prima facie, imputado de los hechos denunciados Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial. Ello, sin perjuicio que durante el avance de la investigación se proceda a la individualización de otros autores del ilícito”, sostuvo el fiscal en un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo.

González impulsó la investigación a raíz de la denuncia presentada por un particular, Daniel Igolnikov, quien ya había realizado otras presentaciones judiciales sobre miembros del Gobierno.

Fue luego de la difusión periodística en el programa Periodismo para Todos el 20 de mayo pasado de afirmaciones referidas a que “Quintana habría participado de un conflicto de capitales públicos y privados al tener poder de decisión en la empresa Farmacity”, recordó el fiscal. Según la denuncia, esa empresa “habría sido favorecida como proveedor de PAMI”.

Al impulsar la investigación, el fiscal pidió a Lijo que ordene medidas de prueba, entre ellas un pedido de declaraciones juradas de Quintana a la Oficina Anticorrupción desde el 2015 a la actualidad.

Además, le pidió que solicite a la OA que “indique si se han formado actuaciones o investigaciones administrativas” y que remita en soporte digital “todas las actuaciones o investigaciones administrativas que obren en sus registros respecto al nombrado y/o Farmacity, Farmacity SA, Partner SA y Pagasus SA”, según el dictamen.

Además, requirió que la Inspección General de Justicia de la Nación “informe la composición del directorio de las empresas Farmacity, Farmacity SA, Partner SA y Pegasus SA, debiendo además remitir copias certificadas de las actas de constitución, de asamblea y directorio, como de cualquier otra documentación que obre en ese organismo al respecto”.

Por otra parte, el fiscal solicitó que se requiera al Ministerio de Modernización, Secretaría de Modernización Administrativa, que informe si las empresas Farmacity, Farmacity SA, Partner SA y Pegasus SA “son proveedores del Estado, particularmente de la obra social Pami y, en su caso, indique número de proveedor o legajo que posee”.

Una medida similar pidió al juez que ordene en relación a la obra social de los jubilados. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al magistrado a cargo de este expediente, Ariel Lijo, que requiera copia de los programas de televisión en los cuales se aludió al tema.