Desde diciembre de 2015, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició sumarios a 1300 policías de Mar del Plata por diferentes irregularidades, entre las que se destacan casos de corrupción policial.

De los 1300 sumariados, 500 fueron apartados de sus cargos y 112 suspendidos. Muchas de estas investigaciones iniciadas por Asuntos Internos surgieron a raíz de denuncias anónimas de ciudadanos al 0800 999 8358 de la cartera de Seguridad.

Además, de esas 1.300 investigaciones administrativas iniciadas por Asuntos Internos, la Fiscalía de Delitos Económicos procesó a 37 policías por diferentes delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad documental, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de un funcionario público.

Según las cifras oficiales de la Fiscalía de Delitos Económicos, de los 37 policías que fueron procesados, 14 ya fueron condenados, 10 han sido sobreseídos, 2 causas han sido archivadas con condiciones, 6 efectivos esperan el juicio oral, 2 ya fueron indagados, 3 de las causas esperan el requerimiento de la evaluación a juicio y 2 casos están siendo juzgados por estos días.

Cada una de las causas penales iniciadas por la Fiscalía de Delitos Económicos representa una compleja investigación, ya que los sospechosos al tratarse de efectivos policiales no pueden participar otros miembros de esa fuerza de seguridad.

Justificar una detención

El 20 de abril de 2014, cerca de las 3 de la madrugada, dos efectivos de la comisaría novena describieron falsamente un acta de procedimiento confeccionada para justificar la aprehensión de un joven. En la descripción, los policías explicaron que persiguieron al sospechoso hasta Patricio Peralta Ramos y Juan B. Justo y que, cuando lo alcanzaron, se arrojó contra ellos y se trenzó en una lucha.

Luego se comprobaría que los efectivos policiales no participaron de ninguna persecución, sino que todo fue durante un operativo de agentes de Tránsito de la Municipalidad. Además, no existió ningún tipo de lucha, combate o resistencia por parte del detenido.

Por este hecho, los efectivos quedaron imputados por “falsedad ideológica de instrumento público”.

Pocas ganas de trabajar

El 20 de enero de 2014, cerca de las 17, una sargento de la comisaría novena atendió a un hombre que denunció que en una casa ubicada en Pellegrini al 3800 se estaba cometiendo un robo. La policía, sin justificación, omitió dar curso a esta información y se quedó en la dependencia.

Paralelamente a esta denuncia, un subteniente y una oficial de la misma dependencia atendieron un llamado del 911 en el que denunciaban que en una casa de Pellegrini 3857 se estaba perpetrando un robo y que los delincuentes
estaban en el lugar. En esta oportunidad, los efectivos de la comisaría novena, incumpliendo sus obligaciones, no atendieron este llamado y no fueron hasta el lugar del hecho.

El llamado del 911 también llegó a los oídos de otros dos subtenieintes de la comisaría novena, quienes a pesar de entender que en una casa de Pellegrini al 3800 se estaba cometiendo un robo, no acudieron en busca de los delincuentes.

Los cinco efectivos quedaron imputados por denegación a la justicia.

Falso título secundario

El 13 de junio de 2016 la Justicia encontró que una policía local era falsamente poseedora del título de Bachiller de Modalidad Económica y Gestión por haber egresado en 2005.

La mujer había adjuntado una copia simple de un certificado de estudios apócrifo en el que constaba que el
mismo había sido expedido a su nombre por la Escuela de Educación Moderna N°18, todo esto para tener los requisitos mínimos exigidos para el ingreso a la policía de la provincia de Buenos Aires.

Por haber falsificado su título de secundario, la efectivo de la Policía Local fue imputada por “falsedad ideológica de instrumento publico”.

Arma desaparecida

El 30 de abril de 2017 desapareció una pistola Bersa, mini Thunder Pro, calibre 9 milímetros de la armería de la Oficina de Logística del Comando de Patrullas Zona Norte. La custadia de esa arma estaba a cargo del armero, un sargento de la Policía Bonarense que era el último día que se desempeñaba en esa oficina.

Para los investigadores, el arma se la pudo haber llevado él o, por el contrario, pudo haber sido otra persona porque el sargento que estaba a cargo de su custodia “no tomó todas las medidas de seguridad necesarias para que otra persona no identificada tomara la pistola”.

Ante esta situación el sargento quedó imputado por “malversación de caudales públicos”.

Exjefe de la Departamental separado

El exjefe de la Policía Departamental de Mar del Plata, comisario mayor Marcelo Di Pasqua, había sido apartado de la fuerza por un decreto firmado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
Vidal, a principios de enero de 2017, había vinculado a Di Pasqua con el narcotráfico y aseguró que estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito.
Si bien la causa en la que se lo vincula al narcotráfico no prosperó, la fiscal de Delitos Económicos lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Marihuana flotante en el mar desaparecida

El 31 de diciembre de 2016 en la playa del Torreón del Monje fue encontrado un paquete marihuana, de entre 2 y 5 kilos, que desapareció luego de que el jefe de calle de la subcomisaría Casino realizara el operativo.

Tal como fue solicitado por la Fiscalía de Delitos Económicos, el juez de garantías Gabriel Bombini aprobó el juicio para el oficial subinspector Leonardo Pinto, imputado por “malversación de bienes equiparables” y para el oficial principal Claudio Boriani y la subinspectora María Baigorria por “omisión de promoción de la persecución penal”.

Pinto fue cesanteado por Asuntos Internos, Boriani fue trasladado de la subcomisaría Casino y presta servicio en otra dependencia y Baigorria mantuvo su cargo.

Corrupción en la carga de combustible

Si bien todavía no fueron procesados, cuatro policías del Comando de Patrullas Sur fueron están imputados por quedarse con dinero que el Estado destina al combustible de motos y patrulleros de la fuerza. Si bien inicialmente todo se originó a través de una investigación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, la Justicia intervino por considerar que “el Estado fue gravemente perjudicado y estafado”.

El fiscal David Bruna, al ser consultado por LA CAPITAL explicó que abrieron una causa por “fraude agravado a la administración pública” contra cuatro policías del Comando de Patrullas Sur, entre los que se encuentran el comisario Flavio Casas y el subcomisario Alejandro Bravo.

La hipótesis de la investigación penal, al igual que la realizada por Asuntos Internos, se centra en que efectivos del Comando de Patrullas Sur habrían adulterado los odómetros de motocicletas y al menos un móvil para que generaran un mayor kilometraje.

El mecanismo de esta posible estafa al Estado es a través de vales por combustibles que los policías imputados justificaban con los odómetros adulterados para conseguir un reintegro mayor al del verdadero recorrido realizado.

Ya que la policía no maneja dinero en efectivo, desde la Fiscalía de Delitos Económicos investigan también la posible participación de empleados en estaciones de servicio de la ciudad.