El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, interpuso un recurso de casación para que se revoque la excarcelación de dos policías acusados de robar tres kilos de cocaína en un falso operativo.
Los imputados Abel Palomino y Daniel Escurra estaban detenidos desde junio de 2014, y una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata les concedió este beneficio, en lo que fue considerado como un fallo arbitrario por parte del representante del Ministerio Público Fiscal.
Los dos ex policías están acusados, junto con otros dos funcionarios policiales y un civil, de haber robado tres kilos de cocaína en una falsa redada a un traficante, de intentar venderla a terceras personas y de utilizar parte de ella para fraguar un procedimiento policial y detener ilegítimamente a una persona. Este hecho motivó el requerimiento de elevación a juicio de los imputados, luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento con prisión preventiva de varios de los imputados.
Uno de los motivos por los cuales se hizo lugar a la excarcelación fue, según el fallo, la carencia de complejidad del caso, a pesar de que, tal como señala Adler, la misma Cámara había considerado exactamente lo contrario en julio de 2014.
El tribunal esbozó a su vez el prolongado tiempo de instrucción de la causa como argumento válido para determinar la excarcelación, cuando en realidad esa etapa se encuentra ya concluida y se está a las puertas del juicio oral.
En su dictamen, Adler también menciona la desestimación de las amenazas e intimidaciones que recibieron los fiscales federales de Mar del Plata el mismo día de la detención de los imputados, el 5 de junio de 2014.
Por último, el fiscal menciona como un argumento a favor de su pedido la existencia de un hecho complejo ya que no sólo los involucrados son agentes de la policía, sino que además fraguaron un procedimiento policial para poder detener ilegítimamente a una persona.

El caso

En junio del 2014, el subcomisario de Sierra de los Padres, el oficial principal de la misma dependencia, un sargento y un subteniente fueron detenidos por el entonces jefe departamental, Darío Ibáñez, acusados por los delitos de “falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Si bien en un principio la Justicia Federal, a cargo de la causa, encomendó la investigación a la Prefectura Naval, el operativo de arresto se realizó en la Jefatura de la Policía de Mar del Plata.
Una vez frente a ellos, el comisario Ibáñez, en presencia de las autoridades judiciales, les notificó las respectivas imputaciones y les informó que quedaban detenidos. Inmediatamente, por determinación de la Justicia Federal, los cuatro fueron trasladados a la ciudad bonaerense de Dolores.
Los voceros explicaron que en la misma orden de arresto de los policías figuraban otros dos hombres, que no pertenecían a la fuerza, y que resultaron ser los falsos testigos que participaban de los operativos ilícitos.
Los detenidos fueron el subcomisario del Comando de Patrulla, Leandro Damián Arenas; el oficial principal Laureano Emanuel Pérez Rodríguez, de la comisaría de “El Marquesado”; el subteniente Daniel Alejandro Escurra, del Destacamento Otamendi; y el sargento Abel Fernando Palomino. Los cuatro funcionarios se desempeñaban al momento de los hechos en la Comisaría Distrital 14 de Sierra de los Padres.
La orden del juez también alcanzó a los civiles Gabriel Fernando Rizzo y Marcelo Cortadi. Este último fue baleado por la espalda durante un episodio aún no esclarecido el mismo día en que se ordenaron las detenciones y poco después murió.