En el marco de la mega causa por la millonaria estafa al Estado a través de beneficios previsionales de Anses, en la que cinco personas se encentran detenidas y otras tres procesadas, la próxima semana comenzarán a declarar beneficiarios de jubilaciones irregulares imputados por defraudación.

El juez federal Santiago Inchausti citó a 26 personas que tramitaron sus jubilaciones por discapacidad con el estudio jurídico Organización Previsional SRL en el que trabajaban los detenidos Rubén David Cagni, Conrado Suárez y Roberto Luis Balbuena.

Además de estas 26 personas citadas en esta etapa de la investigación, el juez Inchausti tiene otras 100 jubilaciones irregulares bajo sospecha, que también serán incorporadas a la causa.

En algunos de estos casos, los investigadores tienen problemas con hallar a las personas ya que se han utilizado documentos personales con información falsa, en los que registraron a los beneficiarios de otras localidad como si viviesen en Mar del Plata para poder tramitar las jubilaciones irregulares.

Por el momento, el juez Inchausti tiene prácticamente probados 19 casos de estafa al Estado por $8.088.659,65. Este “corte” en la investigación fue necesario para poder cumplir con los plazos procesales de una investigación compleja, que ya cuenta con otras 100 posibles jubilaciones irregulares por un monto superior a los 100 millones de pesos y que cada día se agregan denuncias.

Los investigadores judiciales aún aguardan por el resultado final de la auditoría en Anses, en la que exhibirán el total de las jubilaciones tramitadas por los miembros del estudio jurídico Organización Previsional SRL. Del resultado de ese informe se podría tener un acercamiento del total del dinero estafado al Estado que, según informaron fuentes del organismo y judiciales, poría superar ampliamente los números provisionales que se manejan en estos momentos.

Clínica Mitre bajo sospecha

Fuentes del Juzgado Federal N°3 informaron que el jueves por la tarde, paralelamente a que se confirmaban los procesamientos de los imputados, allanaron la Clínica Mitre ante indicios de una eventual vinculación entre anteriores autoridades del lugar y los miembros de la organización ilícita.

Durante la investigación, un testigo declaró que por lo menos dos familiares de los directivos anteriores de la Clínica Mitre habrían tramitado pensión por invalidez con el detenido Balbuena, las cuales habrían sido otorgadas sin que estas personas tuvieran problemas de salud alguno.

Además de estas circunstancias, la Clínica Mitre también es investigada porque, según testimonios recogidos, habría tramitado para sus empleados retiros por incapacidad a través del estudio jurídico Organización Previsional SRL.

Algo que despertó sospecha en los investigadores es que la pareja de Balbuena fue la abogada de la Clínica Mitre y, según confirmaron desde Anses, la mujer posee una jubilación por discapacidad desde el 2012.

“Los períodos investigados pertenecen a la anterior administración de la clínica -se fue en 2017- y de ninguna manera alcanza a la familia de médicos enfermeras y administrativas que todos los días trabajan para sus pacientes”, explicaron voceros de las actuales autoridades.

Antecedentes judiciales

Parte de los miembros de la organización investigada tuvieron causas judiciales en su contra que si bien no finalizaron en una condena, para los investigadores “los hechos y las pruebas allí rendidas resultan relevantes para entender el accionar de esta asociación”.

En el marco de la causa Nº08-00-241896-07, remitida por el Juzgado de Garantías Nº3 de Mar del Plata surgen varias denuncias contra Iros, Suárez, Cagni y Balbuena, a partir de las cuales el Ministerio Publico Fiscal requirió la elevación a juicio por once hechos, calificados como defraudación por suscripción engañosa de documento.

Según los investigadores, estas denuncias fueron similares a la causa investigada, en el que a personas sin problemas de salud, y sin que se las solicitaran, les iniciaron trámites de jubilación por discapacidad.

Si bien dichas actuaciones fueron finalizadas luego del cumplimiento de las condiciones de suspensión de juicio a prueba, decretándose el sobreseimiento de los imputados, para los investigadores los testimonios de las 38 personas que denunciaron a los detenidos fueron de suma importancia para la causa.

Otros detalles

Las fuentes de la investigación consultadas por LA CAPITAL siempre destacan que se trata de una “mega causa compleja”, debido a la cantidad de estafas individuales y a la mecánica utilizada.

Para entender esta complejidad, hay que destacar la cantidad de información que debieron analizar los investigadores -y que todavía siguen analizando-.

Por ejemplo, solo el allanamiento del estudio jurídico Organización Previsional SRL -Paso e Hipólito Yrigoyen- demandó más de una semana de trabajo: desde las 10.50 de la mañana del 26 de abril hasta las 16.30 del 4 de mayo personal Federal estuvo en las oficinas de los detenidos para recoger material relevante para la investigación.

A Luis Miguel Iros, además de estar detenido e imputado por ser uno de los supuestos líderes de la asociación ilícita, está acusado de haber intentado coimear a dos médicos de la Comisión Médica N°12 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a quienes les habría ofrecido dinero con el objeto de obtener un resultado favorable a sus pretensiones en los dictámenes médicos de personas a quines representaba.

El doctor “Cajita”

Uno de los imputados, en su declaración indagatoria mencionó que el médico detenido Daniel Fernando Fernández era conocido en la Comisión Médica como “Cajita Fernández” ya que “cobraba para sacar los dictámenes favorables”. Además, esa misma persona aseguró que la persona que siempre entraba a su consultorio con pedidos era otro de los detenidos, el abogado Iros.

El médico Fernández, como informó en su momento LA CAPITAL, tiene otra causa de 2010 en el Juzgado Federal N°3 que se encuentra en suspensión de juicio a prueba por falsear certificados de discapacidad.

Fuentes judiciales confirmaron a LA CAPITAL que Fernández, luego de ser despedido de la Comisión Medica Nº 12 por destruir y falsificar dictámenes, consiguió una jubilación por invalidez tramitada por Cagni, otro de los detenidos del estudio jurídico Organización Previsional SRL, por la suma de $60.430,98 mensuales.

Es decir que Fernández fue despedido por haber falsificado un dictamen médico en un trámite previsional realizado por Cagni y un mes despuésde ello, con el mismo abogado realizó un pedido de jubilación por discapacidad.