Por Juan Salas

La estafa al Estado a través de los mecanismos de beneficios previsionales que otorga la Anses a personas por invalidez que involucra a abogados, contadores, médicos y jubilados asciende a los $200.000.000 y, según estiman, podría superar por mucho más esa cifra con el correr de los días.

Cuando la noticia se había hecho pública a finales de abril, la Justicia “sólo” tenía detectados 20 casos de estafa por 8.000.000 de pesos, lo cual ya era un escándalo.

Sin embargo, semana a semana se fueron sumando casos y dinero. Anses, luego detectó que se trataban de 35 jubilación fraudulentas por invalidez por un valor total de $14.000.000, a las semanas, mientras la auditoría avanzaba, ese número ascendió a 89 casos por 114.000.000 y hoy, las fuentes de la investigación consultadas por LA CAPITAL, aseguran que ya tienen probados 135 casos por una suma cercana a los $200.000.000.

La suma que de dinero estafado al Estado que hoy manejan los investigadores es de 25 veces superior a cuando la investigación comenzó. Y el escándalo también sigue en aumento ya que, fuentes de Anses y de la Fiscalía Federal consultadas, aún no saben cuándo podría detenerse y estiman que el dinero estafado podría superar los $1.000.000.000 ya que detectaron otras 250 jubilaciones irregulares que involucran a los principales imputados.

Estas jubilaciones irregulares detectadas, corresponden a personas que falsearon sus declaraciones juradas al aparecer como trabajadores en blancos con sueldos altos (superiores a los $50.000) en 14 empresas “fantasmas” que los principales imputados utilizaban justamente para cometer este ardid.

Al inicio de la causa se había detectado una estafa de $8.000.000. Hoy ese monto creció veinticinco veces y asciendo a los $200.000.000.

Por la causa se encuentran detenidos los titulares del estudio jurídico de Paso e Yrigoyen, Organización Previsional SRL. Se trata de los abogados Rubén David Cagni, Luis Miguel Iroz, Luciano Conrado Diez Suárez y el asesor previsional Roberto Luis Balbuena. Todos acusados de ser los líderes de una organización ilícita que planificó y ejecutó una millonaria estafa al Estado.

Además otras cuatro personas están imputadas por ser parte de la organización ilícita, pero se mantienen en libertad.

El médico José Ricardo Caliyuri, quien se desempañaba la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y sería quien firmaba los certificados médicos por discapacidad para justificar las jubilaciones; sobrina de Luis Miguel Iroz, quien también trabajaba en el estudio jurídico Organización Previsional SRL y dos contadores, un hombre y una mujer, quienes se encargaban de falsear las declaraciones juradas en AFIP tanto de empleadores como de empleados.

A estas personas, además, se le suman cada persona que obtuve una jubilación irregular. Al momento hay 30 imputados que ya fueron citados a declarar, pero en los próximos días la Justicia imputara a otros 100 jubilados, a quienes acusara también de estafa, pero no por ser parte de la organización ilícita.

El valor de un beneficios por discapacidad

Según explicaron desde Anses, para que una persona pueda conseguir una jubilación por incapacidad, deber tener un certificado firmado por Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el que verifican que tiene un 66% de discapacidad.

Con este requisito cumplido, Anses analiza el caso y entrega una jubilación que puede ser del 50% o el 70% por un período inicial de tres años. Terminados esos tres años se le renueva la jubilación por otro período y, luego, la persona es sometida a una junta médica donde evalúan su estado, si consideran que tiene una discapacidad irreversible se le concede la jubilación de por vida.

Según información a la que tuvo acceso LA CAPITAL, una persona llegó a pagar 18.000 dólares para que el estudio jurídico Organización Previsional SRL le iniciara los trámites y poder conseguir una jubilación fraudulenta por incapacidad.

La otra manera en la que los principales imputados cobraban el dinero por hacer los trámites de jubilaciones irregulares, era quedándose con el pago retroactivo que hacía el Estado, ya que, la jubilación por discapacidad al tratarse de un trámite que puede tardar uno o dos años, cuando sale el Estado deposita todo el dinero junto y, al tratarse de jubilaciones de unos 50.000 pesos esa suma equivale a cifras de entre 500.000 y 1.000.000 de pesos por jubilación.

Los imputados, para tramitar los beneficios previsionales por discapacidad, se quedaban con el pago retroactivo que realizaba el Estado, de entre 500.000 y 1.000.000 de pesos por jubilación.

El estudio jurídico Organización Previsional SRL fue allanado al inicio de la investigación.

El inicio de la investigación

La investigación encabezada por el fiscal federal Nicolás Czizik comenzó luego de que tanto Anses, Afip y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo denunciaran irregularidades en sus rubros en las que, al cruzar datos, notaron que estaban involucradas las mismas personas.

En la Superintendencia de Trabajo comenzaron a sospechar de algunos de sus médicos por la relación que mantenían con Balbuena. Según trascendió, Balbuena iba siempre a la Comisión Médica N°12 -Alberti 2278- a ver a médicos -entre ellos Caliyuri- y dejaba regalos para todos los presentes. A modo de ejemplo, una persona que declaró en la causa aseguró que a ella le dio un libro con dinero en su interior.

Desde AFIP la denuncia nació al ver que se repetían nombres de empleadores y empresas que contrataban por períodos cortos de tiempo a personas con sueldos muy altos -de entre 50.000 y 100.000 pesos), que luego pedían jubilación por discapacidad.

En Anses la denuncia también comenzó por actitudes “sospechosas” de Balbuena y otros de los imputados quienes tramitaban una gran cantidad de jubilaciones por discapacidad, tanto, que en un punto el “secreto a voces” que corría en el entorno de Anses era que el estudio jurídico de Paso e Yrigoyen conseguía jubilaciones sin importar la situación de las personas.

El fiscal Czizik agrupó toda la información y, con autorización del juez Santiago Inchausti, comenzó a realizar medidas con las que finalmente pudo detener a los principales involucrados.

Jubilados, partícipes de la estafa

Como informó LA CAPITAL, el juez Santiago Inchausti imputó a las personas acusadas de haber estafado al Estado al recibir los beneficios previsionales por discapacidad del Anses. Es decir, imputó a las personas que mintieron y engañaron para jubilarse.

“Corresponde citar a prestar declaración indagatoria a aquellos beneficiarios que, de momento, se ha corroborado que habrían sido favorecidos por la maniobra ilícita investigada o, por lo menos, habrían intentado obtener un beneficio ilegítimo a través de la misma, dado que habrían participado de los hechos investigados aportando sus datos personales para llevar a cabo los trámites previsionales irregulares y, en la mayoría de los casos, habrían obtenido un beneficio económico a partir de ellos”, argumentó el juez federal.

Estos 30 primeros llamados a declaración indagatoria son parte de los primeros 130 casos detectados en la investigación. Las otras 100 personas serán citadas a declarar oportunamente, a medida que la investigación avance.

De esta manera, desde este lunes empezarán a declarar las personas que obtuvieron beneficios previsionales irregulares y que están imputadas por estafar al Estado.

Pedidos de auditorías

Desde la Justicia Federal le solicitaron a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, AFIP y Anses que realizaran auditorías internas para identificar, en el caso que hubiese, otros involucrados en la estafa.

En el caso de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la auditoría serviría para saber si actuó algún otro médico en la estafa y si existieron casos de “coima” que puedan ser llevados a la Justicia.

A la AFIP le piden que identifique a todas las empresas y empleadores utilizadas para esta maniobra.
Mientras que a Anses, la Justicia le pide entreguen el listado de todas las personas que fueron jubilados por el estudio jurídico Organización Previsional SRL y además, que investiguen internamente si algún funcionario estuvo involucrado.

Al día de hoy, Anses tiene un listado de 89 jubilaciones por discapacidad evidentamente fraudulentas por un valor de 114.000.000 millones y ya tienen detectados otros 50 casos claros de estafa. Bajo lupa cuentan con otro listado de unas 200 personas que habrían estafado al Estado.

Medidas cautelares

El juez Santiago Inchausti ordenó una serie de medidas cautelares con el fin de evitar la fuga de bienes que pudieron haber sido adquiridos con dinero proveniente de las estafas al Estado.

En este marco, el juez solicitó embargar siete inmuebles registrados a nombre de los imputados, como así también nueve vehículos y una embarcación.

También, el juez ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias y el bloqueo de las cajas de seguridad que estuviesen a su nombre.

Finalmente, si bien hay cuatro detenidos, el juez prohibió que los principales imputados de la causa pudieran salir del país.