Un total de 682 casos de torturas y tratos inhumanos cometidos por efectivos de la Policía o del Servicio Penitenciario bonaerenses se registraron en 2017, de acuerdo con un informe que dio a conocer hoy la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Según el informe, al que accedió Télam, el total de denuncias llega a 733 cuando se le suman los indicadores “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”.

Del total de los 682 hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por funcionarios de la Policía, 163 casos por penitenciarios y 63 de otras instituciones.

La modalidad más repetida detectada el año pasado por la Policía fueron golpes (383 casos); mientras que se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles.

En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles.

En niños (tomando los casos totales) se relevaron 158 casos. En sólo 41 del total relevado, las víctimas accedieron a que su defensor pusiera el hecho en conocimiento de otros funcionarios.

Se informaron, además, condiciones de agravamiento de detención tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios (superpoblación, hacinamiento, falta de atención médica, traslados constantes, entre otros), incumplimiento de orden de clausura judicial de comisarías y tratos inhumanos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

El informe detalló que entre 2000 y 2017 se registraron un total de 12.457 casos de torturas y tratos inhumanos
El titular de la Defensoría, Mario Coriolano, expresó al respecto: “Advertimos con preocupación la retroalimentación de la violencia institucional y social”.

Consideró que esta situación “debe atenderse en forma prioritaria, a través de articulación de espacios interagenciales y multidisciplinarios, con visión integral de derechos humanos, atención primordial del interés superior de jóvenes-niñas, niños y adolescentes- y perspectiva de género”.

Agregó que “los informes producidos permiten concluir que la tortura en la provincia de Buenos Aires es continua en el tiempo, generalizada en el espacio y sistemática en su comisión”.

“Esta realidad transciende gestiones de gobierno e interpela a quienes integramos los tres poderes del Estado a buscar soluciones para combatir y erradicar estas prácticas violentas”, concluyó.