La polémica por la instalación de Farmacity en el último tramo de una larga batalla judicial
La pretendida instalación de una cadena farmacéutica abrió una grieta en el sector, ya que se percibe como una maniobra para monopolizar un mercado regulado por el Estado.
La cadena cuenta con una franquicia en la Mar del Plata desde 2009.
La eterna discusión de proteccionismo o libre mercado invade al rubro farmacéutico, de la mano de una ley provincial que prohíbe la instalación de la cadena de farmacias Farmacity en todo el ámbito bonaerense.
Los farmacéuticos adujeron que “no le cerramos la puerta a nadie, pero la ley debe ser igual para todos”, mientras que desde la cadena los acusan porque “no quieren competir”.
La ley provincial 10606 regula el funcionamiento de las farmacias en el territorio bonaerense y el conflicto gira en torno al artículo 14 de la misma, que indica que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas ó sociedades de responsabilidad limitada; de sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.
No están permitidas
La cuestión es que la propietaria de Farmacity es una sociedad anónima.
“Las sociedades anónimas no están permitidas por que no tienen una cara visible. La farmacia no es un comercio, es un servicio público regulado por el Estado, tiene obligaciones y está sujeta a controles estatales”, explicó el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, Mario Della Maggiora.
En ese sentido, el diputado provincial del Frente Renovador Lisandro Bonelli aseguró que “el artículo 14 es taxativo. Si sociedad anónima no está escrito no se considera” y describió a la situación como “una clara injerencia del poder político. El vicejefe de Gabinete de la Nación Mario Quintana y Mauricio Macri son ‘swingers’ del Estado que comparten la política de los negocios”. Cabe destacar que Quintana es accionista del fondo inversor Pegasus, a la sazón propietario de la cadena.
“Si Farmacity quiere entrar a la provincia de Buenos Aires -añadió- que respeten la ley y el marco jurisdiccional y presenten una ley alternativa”.
A pesar de la prohibición legislativa, en Mar del Plata funciona una “franquicia” de la firma desde 2009. “No somos una sociedad anónima, sino una sociedad comandita simple”, detallaron.
Situación
A mediados del mes pasado, la Procuración General de la Nación dio un paso a favor de Farmacity al dictaminar, en un fallo no vinculante, que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la provincia de Buenos Aires desde hace más de tres décadas es inconstitucional.
El dictamen provocó revuelo en varios distritos bonaerenses y en muchos concejos deliberantes se votó a favor de los farmacéuticos que se oponen a la instalación de la cadena.
En ese contexto, la gobernadora María Eugenia Vidal mandó a discutir una nueva ley de farmacias para contener el escándalo Farmacity a la vez que el bloque de diputados bonaerenses del Frente Renovador consiguió los votos de toda la oposición para modificar la ley de farmacias y poner un freno a la llegada de cadena al territorio bonaerense.
“La ley de farmacias actual es clara para todos, menos para (el vicejefe del Gabinete Nacional, Mario) Quintana”, dijo el diputado massista Lisandro Bonelli. La iniciativa declaró ‘taxativo’ el artículo 14 de la ley que establece que quienes pueden ser titulares de farmacias en la provincia de Buenos Aires y que excluye las sociedades anónimas (SA), que es el formato jurídico de la empresa Farmacity.
Distintas voces
Así las cosas, el conflicto no se hizo esperar y Mar del Plata no quedó ajena, justamente, por ser sede de un eslabón de la cadena de farmacias. “Somos una franquicia”, aclararon desde la firma y consideraron que “en la ciudad existen otras cadenas, cuyas sucursales llevan el mismo apellido, pero son cadenas”.
“No quieren competir, porque es una falacia que si entra Farmacity las otras farmacias van a desaparecer. Desde que estamos abrieron dos a 300 metros de distancia”, detallaron.
En tanto, el diputado Bonelli argumentó su negativa en que “se trata de grupos económicos, que cuando entran a la venta de medicamentos manejan los precios y tampoco van a ir a lugares poco rentables”.
Cuestiones legales
En ese sentido, el presidente del Colegio de Farmacéuticos local, Mario Della Maggiora, explicó que la Ley 10606 “tiene un espíritu netamente sanitario, el objetivo es que haya farmacias distribuidas en toda la provincia”. Cada uno de los locales tiene que estar ubicado a “una distancia no menor de 300 metros cada una y debe existir una cada 3 mil habitantes, distribuidas en todo el ejido urbano”.
A su entender, si Farmacity quiere “desembarcar en la provincia de Buenos Aires que cambie la razón social, en cambio iniciaron acciones judiciales. En primera instancia se falló a favor del Estado, apelaron y ahora están en la Corte Suprema de la Nación. Acá hay presión política de un poderoso”. En Mar del Plata funcionan 204 farmacias.
La cadena llevó adelante desde 2012 un reclamo judicial contra el Estado provincial donde el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires es una tercera parte interesada. Los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación porque no respeta la ley vigente. Ahora la pelea se traslada al ámbito federal a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habrá que esperar para conocer el veredicto.
Un debate sobre la ley que regula las farmacias
Después de la media sanción del proyecto de ley impulsado por el Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que apunta a prohibir la administración de farmacias en manos de sociedades anónimas, el legislador de Cambiemos Guillermo Castello consideró que la actual ley es “una pieza arqueológica que no responde a las necesidades de los usuarios y consumidores” y que por esa razón se necesita “una reforma amplia”.
La respuesta del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon no se hizo esperar. “La ley que el escribano califica de anacrónica fue modificada en 2003, luego de un extenso debate en la legislatura provincial con la participación de las instituciones de salud, la universidad, referentes sociales y profesionales”, señaló el presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, Mario Della Maggiora.
Asimismo, aclaró que esos cambios se basaron “en considerar a la farmacia una extensión del sistema de salud y estableció que las oficinas de farmacia deberán estar racionalmente distribuidas en el territorio provincial a fin de asegurar la atención y la calidad de su servicio”.
Opciones
Por otra parte, el legislador señaló la necesidad de “ampliar las opciones para los bonaerenses y facilitar una sana competencia a través del ingreso de nuevos actores. Deben eliminarse las restricciones corporativas basadas en cantidad de habitantes, distancias mínimas y tipos societarios”.
En ese sentido, el farmacéutico alegó “desconocimiento” por parte del diputado provincial y estimó que “por su profesión, que data de un Decreto/Ley de 1978, habrá presentado proyectos con igual vehemencia a fin de actualizar los mecanismos que impiden una accesibilidad al servicio por parte de los ciudadanos y una flexibilidad para los nuevos profesionales para ejercer su profesión”.
“La farmacia -dijo Della Maggiora- no es un local comercial de paso, es uno de los puntos para la atención primaria de la salud, ideal para recibir asesoramiento, despejar dudas e informarse adecuadamente”.
En referencia a la media sanción de la ley propiciada por el Frente Renovador, Castello consideró que “limita aún más la libertad de los bonaerenses de elegir farmacias. Las normas jurídicas deben ser abstractas y generales, no deben tener dueño ni apuntar a solucionar situaciones particulares o dirigirse a grupos determinados de la comunidad”.
Finalmente, Della Maggiora advirtió a “los millones de bonaerenses que acuden a nuestras farmacias en busca de medicamentos seguros y asesoramiento profesional que no se dejen confundir y eviten creer en supuestos de libre competencia. La discusión es generar el campo propicio para que un funcionario público y un fondo de inversión haga un millonario negocio personal”.
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