“Hoy no hay ningún delito que no pueda ser investigado a través de entornos digitales”
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lleva adelante una capacitación acerca de la obtención, custodia y valoración de la prueba digital y la investigación de este tipo de crímenes.
El subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, fue el responsable de la apertura del evento.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lleva adelante en la ciudad un taller jurídico sobre ciberdelito, destinado a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios públicos de la región centro del país.
La iniciativa, que será dictada por la Subsecretaría de Justicia y de Política Criminal y finalizará hoy en el hotel ubicado sobre la calle Córdoba entre Moreno y Belgrano, tiene como objetivo capacitar sobre la obtención, custodia y valoración de la prueba digital y la investigación de este tipo de crímenes.
“Apuntamos, en primer lugar, a sensibilizar a jueces y fiscales federales y provinciales en la importancia de la investigación de entornos digitales”, sostuvo a LA CAPITAL el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez.
Para el funcionario “este tipo de acciones son una de las instancias fundamentales para que los jueces tengan los conocimientos necesarios para realizar una investigación de acuerdo con los parámetros establecidos en la Convención de Budapest”.
Vale destacar que Argentina adhirió el año pasado a dicho acuerdo, trabajo destacado por Benítez dado que aseguró que se trata de la “única convención internacional de cooperación en materia de ciberdelito”.
El subsecretario destacó que “hay que tener en cuenta que todo el entorno digital no reconoce fronteras y la información está almacenada en distintos países, donde los proveedores tienen sus distintos actores, por lo que es necesario contar con estos acuerdos”.
En cuanto al taller, señaló que “hoy no hay ningún delito que no pueda ser investigado a través de entornos digitales”. Y agregó que todos los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario “dejan rastros de nuestra vida”.
Sobre esta cuestión, existe para Benítez un desafío importante que es otro de los ejes a tratar en el taller: “Cómo obtener esa evidencia sin vulnerar las garantías constitucionales y cómo llevarla a juicio”.
En este sentido, señaló que la legislación “necesita una mejora”, razón por la cual destacó que el Programa Nacional contra la Criminalidad Informática también colabora con la Comisión de Reforma del Código Penal.
Hasta el momento se avanzó en la regulación del acceso ilegítimo a un sistema o dato informático de acceso restringido, se trabajó en la definición del fraude informático, se incorporó el delito de phishing (la obtención de claves o datos personales, financieros o confidenciales de un tercero valiéndose de alguna manipulación informática, ardid o engaño) y el de suplantación (a través de redes sociales, cualquier sistema informático o medio de comunicación una persona adopta, crea o apropia la identidad de otra persona física o jurídica con la intención de cometer un delito o causar un daño).
Por otra parte, señaló también las necesidades de obtener reformas a nivel procesal.
“El Código Procesal son las normas con las que los jueces y fiscales sustentan su trabajo para poder avanzar en las investigaciones. Y las reformas en él buscan incorporar las nuevas metodologías de información de forma tal que puedan llevarse adelante respetando las garantías institucionales y permitiendo que esa prueba obtenida pueda ser presentada en juicio”, cerró.
El evento, que es el séptimo en la Argentina, cuenta con el apoyo de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Además, será auspiciado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Las ponencias estarán a cargo del coordinador académico de los Talleres Regionales de Capacitación en Ciberdelito y Tratamiento de la Evidencia Digital, Daniel Petrone; del representante del Departamento Jurídico de la OEA, Rodrigo Silva; y del experto en delitos informáticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ezequiel Sallis.
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