Mar del Plata, ciudad de derecha
El juicio a la agrupación neonazi puede tener un desenlace peligroso. El fiscal Juan Manuel Pettigiani vació de contenido ideológico el caso y pidió penas bajísimas. Una nueva señal del poder conservador invisible que gobierna la ciudad.
por Agustín Marangoni
Es una burbuja histórica y tiene más de un siglo. Es fácil identificarla, todavía se le rinden homenajes y se la llora como si hubiesen sido tiempos maravillosos, aquellos lejanos, los de esa época con acentito francés y una sociedad controlada por familias de apellidos que se creen gran cosa. Esa es la Mar del Plata que sigue en pie en los espacios de poder. Así se fundaron estas costas, bajo una lógica de ciudad para pocos, de ideas conservadoras. De ahí el rechazo por lo popular. Está a la vista: la gente de bien pasea por las calles caras, ahí compran y disfrutan todo el año los marplatenses de siempre; los negros de mierda van a la peatonal, donde se arman bolichitos de cuarta que duran dos meses en temporada y el resto del año es tierra arrasada. Cada cual en su lugar, sin mezclarse. Los que alquilan carpa en las playas del sur por un lado, los que van a la playa pública y dejan la yerba adentro del pañal por el otro. Así es Mar del Plata, dos ciudades. Una para los que inventaron el socialismo conservador. Otra para los que están a la buena de dios. Evidentemente, hay un poder concentrado que desde siempre gana la pulseada.
En esta ciudad que son dos ciudades se lleva adelante un juicio por ataques neonazis. Ayer se terminaron de escuchar los alegatos de la defensa. A lo largo del proceso, se presentaron cien medidas de prueba y para el Ministerio Público Fiscal quedaron acreditados doce hechos concretos: tres ataques brutales de violencia física que terminaron con las víctimas hospitalizadas, amenazas de muerte y pintadas que promocionan una ideología fundamentada en la supremacía racial y el odio. Los abogados de la querella –César Sivo y Alejandro Broitman, represente de la DAIA– pidieron entre 15 y 8 años de prisión.
Sin embargo, el fiscal federal Juan Manuel Pettigiani pidió menos años de condena para los neonazis que los que había intentado acordar el año pasado en caso de concretarse la instancia de juicio abreviado. Pidió entre 3 años y 8 meses, además de dos absoluciones. Este fiscal, recordemos, no puede participar en juicios de lesa humanidad después de haber argumentado que los crímenes de la CNU eran delitos comunes y prescriptos. La sentencia de ese juicio histórico terminó con siete condenados por delitos de lesa humanidad.
Y hay más: Pettigiani colaboró para que los siete acusados de trata de personas en el caso La Posada quedaran absueltos. Sólo condenaron a uno, que, cual película clase b, había fallecido antes de que se diera a conocer la sentencia. Hoy Pettigiani resguarda a neonazis vaciando el juicio de contenido ideológico y retirando las acusaciones por asociación ilícita y las relacionadas con la ley antidiscriminatoria. De más está decir que distintas organizaciones de derechos humanos están pidiendo su destitución inmediata desde hace un año y medio.
El jueves 3 de mayo los jueces darán a conocer la sentencia. Habrá que ver cuánto peso tendrán los razonamientos de Pettigiani. Es muy probable que las penas sean mínimas.
De ser así, no habrá que sorprenderse. Mar del Plata es de derecha en casi todo. En los avisos de trabajo todavía piden muchachas que limpian. Como si agarrar un trapo fuera indigno para un varón o propio de una mujer. El poder político deja que se suspendan recitales de rock, porque desconoce aquello que sale por fuera de su óptica conservadora, entonces desperdicia negocios para la ciudad que hubiesen movido, como poco, 18 millones de pesos en un fin de semana. En el HCD todavía se escuchan voces de concejales mujeres que están en contra de la legalización del aborto por razones religiosas. Además, hacen silencio cuando se mutila el presupuesto de la Secretaría de la mujer y el área de derechos humanos. De cultura ni hablar. Terminó la peor gestión de la cual se tenga registro: no se hizo absolutamente nada. Silvana Rojas fue una herramienta de ajuste a sueldo. Destruyó lo poco bueno que había a cambio ahorrar los tres pesos con cincuenta que el municipio se había comprometido a invertir en los barrios.
Y el intendente, un pinturita. Hombre muy mayor, dueño de un currículum oscurísimo, que llegó al despacho municipal por la imagen que construyó hace treinta años. Sus votantes se quedaron con la idea que era un director de tránsito implacable, pero desconocían que durante sus dos períodos como concejal no hizo otra cosa que quedarse dormido en las sesiones del HCD. Y ahí sigue, dormido, viviendo un sueño del siglo diecinueve, donde encima cree que va a ser reelecto. Ese hombre anda con un chumbo cargado en el cinturón, una Glock 19, calibre 9 milímetros, semiautomática. Ese es Carlos Arroyo. El mismo que compartió el bunker con Carlos Pampillón, acusado de ser el reclutador de los neonazis, la noche de octubre que ganó las elecciones municipales.
Cada tanto aparece una señal de oxígeno, como cuando se torció la voluntad de la justicia de darle prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz en su casa del bosque Peralta Ramos. Son casos aislados, hermosos y sanadores, pero muy por fuera del promedio del comportamiento general. De hecho, sobraban las opiniones a favor del genocida bajo argumentos imposibles como “es un hombre mayor, es más barato que esté en su casa que pagarle la cárcel con nuestros impuestos”. Esas palabras fueron pronunciadas por el diputado provincial de Mar del Plata por Cambiemos, Guillermo Castello.
La derecha no cuida el empleo, lo precariza; no se preocupa por la inclusión social, acentúa las diferencias; otorga beneficios por el apellido e imparte justicia en base a privilegios. La derecha aconseja olvidar el pasado para quedarse en el pasado. Las ciudades atrasan cuando se forman ciudadanos jóvenes con mentalidad de viejos. Hay que estar atentos. Ese es el criterio de gobierno que hoy castiga a Mar del Plata. Se ve reflejado en la gestión política y en el peligrosísimo desempeño de un fiscal federal, avalado por el poder concentrado de unos pocos invisibles que digitan decisiones de peso.
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