El Juzgado en lo Correccional N°5 condenó a 6 años de prisión al ex empleado municipal Pablo Aquino por 50 estafas a beneficiaros del plan ProCrear ocurridos entre enero de 2014 y febrero de 2015 por una suma cercana a los 6.000.000 de pesos.

Por otra parte, el titular del Juzgado en lo Correccional N°5, Leonardo César Celis, condenó a Pablo Aquino por 50 casos de “estafa en concurso real”. Por otra parte, resolvió absolver a Natalia Vaccaro, quien también había llegado a juicio imputada por los mimos delitos.

En el juicio quedó demostrado que desde el inicio de 2014 y hasta febrero de 2015, Pablo Aquino, en medio centenar de operaciones distintas, engañó a sus víctimas, aparentando tener una empresa constructora que ofrecía precios por debajo de lo posible en el mercado y simulando influencias que no poseía por ser empleado municipal. De esta manera, Aquino se hizo con cerca de 6.000.000 de pesos provenientes de créditos acordados por el programa de préstamos del Banco Hipotecario ProCreAr.

En el engaño, Aquino le ofrecía a personas de clase media la posibilidad de acceder a su primera vivienda. Las víctimas entregaron en el tiempo pactado sumas de dinero, sin que se cumpliera la contraprestación, resultado de la maniobra defraudatoria un perjuicio patrimonial tal que, en todos los casos, superó aquellas disposiciones.

El fiscal Javier Pizzo logró demostrar que para que Aquino pudiera engañar a las víctimas se configuró con la apariencia de empresa bajo el nombre ModulArq, la simulación de influencias y la afirmación de falsedades, principalmente vinculadas a la justificación del bajo costo de las obras.

La empresa ModulArq nunca existió como tal. Durante la investigación, en unos allanamientos en las supuestamente oficinas no se encontró nada que debería tener una empresa para ser configurada como tal: ni libros contables, registros de movimientos bancarios, contratos de seguro, contratos laborales y registros de empleados, constancias de la AFIP y de la ANSeS.

Además, según la sentencia del juez Celsi “lo único que estuvo en constante riesgo fueron los desembolsos de las víctimas, que de manera precaria y desaprensiva se amontonaba y trasladaba en bolsos, no habiendo quedado vestigios de contabilidad alguna”.

Aquino no tenía una empresa, por más que en publicaciones de Facebook, para captar víctimas, daban cuenta de lo contrario, en la que intentaba demostrar que ModulArq tenía experiencia en construcciones bastante más importantes y complejas que una simple vivienda familiar.

“Aquino no aparentó cualquier empresa, sino una con unas características bien definidas que permitían otorgarle idoneidad al engaño. Así, proponía unos precios muy por debajo de la competencia, justificando esa posibilidad en ventajas que le otorgaría su condición de empleado municipal, en particular su acceso a trabajadores calificados que operaban en cooperativas de trabajo, un supuesto acopio de materiales que implicaba una notable economización en los costos, facilidades para toda tramitación por ante dependencias municipales y experiencia en dirección de construcción de grandes obras y en viviendas”, explicó el juez.

Para el titular del Juzgado en lo Correccional N°5, el hecho de que Aquina fuera empleado municipal, fue utilizado en todos los casos “para fomentar la confianza y alegar falsas influencias”. Sin embargo, en ningún caso “se obtuvieron materiales más baratos, ni se agilizó la aprobación de planos, ni se contó con el mejor y más accesible material humano”.

Por otra parte, no se acreditó la finalización de una sola de las obras del plan ProCreAr. Los testigos coincidieron en ello. Por más que insistiera Aquino en que terminó tres, cuatro o cinco casas, no fue capaz de convocar a un solo testigo que lo afirme bajo juramento. “Todo lo que construyó fue deliberadamente precario, no con el objeto de cumplir lo pactado, sino para seguir obteniendo desembolsos del Banco”, expresó el magistrado.

Todas las víctimas tomaron un crédito para construir una vivienda, a la que no pudieron acceder con la contratación sellada. Al no obtenerla en plazo debieron comenzar a pagar las cuotas, sin poder continuar abonando alquileres. Se encontraron con que el dinero tomado no alcanzaba para sus fines, debiendo asumir mayores obligaciones a las ya comprometidas, en la misma y en otras entidades crediticias, bajo peores condiciones e, incluso, con familiares. En algunos casos para iniciar la obra que nunca se empezó y, en otros, para demoler, reparar y volver a comenzar. Algunos debieron desprenderse de automotores. Más allá de que ninguno alcanzó la finalidad propuesta, todos los patrimonios sufrieron una notable mella producto del fraude, que perdurará en el tiempo.

Se trataban de personas que con la acreditación de salarios cercanos al mínimo, lograron que se les acordara un especialísimo préstamo para la construcción de una vivienda única unifamiliar. Los testigos coincidieron en que los montos acordados no les permitían costear enteramente la construcción de la vivienda que ellos pretendían.

“No existe ninguna duda de que Pablo Aquino se encontraba en pleno conocimiento y dominio del engaño, que lo utilizó con la voluntad de provocar error en sus víctimas y obtener la entrega de las sumas de dinero, que, en lo hasta aquí contabilizado, se acercó a los seis millones de pesos”, explicó el juez Celsi.

Respecto de Natalia Vaccaro, para el juez no se encontró acreditada su participación. “El dolo de Vaccaro no ha superado la sospecha inicial. Los muy buenos motivos que justificaran su comparecencia a juicio como acusada, no han sido verificados por la prueba producida”, finalizó el juez.

De esta manera Aquino fue condenado a 6 años de prisión por haber estafado a 50 familias, en su mayoría de trabajadores con el sueldo mínimo, que con el sueño de acceder a su primera vivienda habían conseguido ser beneficiados con los préstamos del ProCrear.