Mario Sasiain, quien fuera propietario del prostíbulo Madaho’s y se hallaba prófugo de la Justicia desde hace dos semanas,  se entregó esta mañana en Capital Federal.

Acompañado de su nuevo defensor particular, César Sivo, Sasiain se presentó ante el Tribunal de Casación y se puso a derecho, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a través de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, revocaran la resolución de la Cámara de Apelaciones que había hecho lugar a la exención de prisión solicitada a favor de Mario Alberto Sasiain y ordenado su libertad.

A Sasiain se le adjudica desde el 2014 “trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad, por ser cometido contra más de tres víctimas, por la participación de tres o más personas y por haber logrado la explotación, en concurso aparente con la comisión del delito de explotación de la prostitución ajena agravado por el abuso de vulnerabilidad, reiterado en 17 casos”

El prostíbulo fue allanado en septiembre de 2014. En ese momento, fueron encontradas en el lugar 24 mujeres, 22 de nacionalidad argentina, una brasileña y una dominicana. A lo largo de la pesquisa, se pudo establecer que el local se encontraba a nombre de la sociedad “ROLAFA SRL”, que registra como socios a Mario Alberto Sasiain, Daniel Alberto Fay y Mario Alejandro Lafalce.

En su fallo emitido el 21 de marzo, el tribunal de Casación había advertido que “los jueces del órgano colegiado de apelación otorgaron la eximición de prisión al imputado a partir de una valoración antojadiza y fragmentada de las constancias existentes en la causa”.  Y agregado: “Los mencionados magistrados retrotrajeron -y circunscribieron- su análisis a sucesos que habrían tenido lugar en octubre del año 2014, omitiendo otros muy cercanos en el tiempo que obstaban la concesión de la soltura cautelar peticionada por la Defensa”.

Para los jueces, la libertad de Sasiain conspiraba para poder hacerse del testimonio de las  víctimas y, por añadidura, para arribar a la verdad real de lo acontecido. Por ello, representa un “peligro procesal de entorpecimiento de las investigaciones” mientras se desarrolla el proceso. Asimismo, resaltaron y recordaron que, desde el momento en que se inició la causa, la conducta del hombre “dista de ser la respuesta de una persona que busca someterse al accionar de la justicia, toda vez que el mismo se mantuvo prófugo durante dos meses”.