El Juzgado en lo Civil y Comercial Nº6 prohibió que el municipio y la empresa Transporte 9 de Julio continúen arrojando residuos el interior de una cava ubicada en el barrio 2 de Abril y reclamó explicaciones por el impacto ambiental causado por esas tareas, que en su momento, fueron autorizadas por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

La medida fue resuelta ante la presentación de un amparo colectivo impulsado por la organización MAR, que resolvió intervenir haciéndose eco de las denuncias formuladas por los vecinos de la zona.

Las tareas de relleno fueron iniciadas a fines del mes de febrero y causaron múltiples dificultades en los barrios 2 de Abril y El Retazo, ya que la basura entró en combustión, generando el incendio de un campo vecino y una densa columna de humo que afectó las operaciones del aeropuerto local.

Sumado a eso, el 27 de febrero los vecinos denunciaron que un camión de la empresa 9 de Julio que se dirigía a la cava “enganchó” un cable, lo que causó la caída de varios postes, provocando que prácticamente la mitad del barrio 2 de Abril se quedara sin suministro eléctrico y sin servicio telefónico.

En aquél momento Carlos Rivero, vecino de la zona e integrante de la cooperativa de Camet, aseguró que hubo “daño mayúsculo” que obligó a la empresa a trabajar durante varios días para poder restablecer los servicios.

Asimismo Rivero planteó su inquietud por los efectos que podría tener la eventual clausura de la cava, a la describió como reservorio de agua natural que impide que los barrios cercanos de inunden.

El ingreso de basura al lugar había sido autorizado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos, que días más tarde y ante las quejas de los vecinos, habría resuelto revocar el permiso.

La nota exhibe la autorización concedida por el Emsur para que la 9 de Julio rellenara la cava.

En tanto que los problemas surgidos en el aeropuerto a causa del humo quedaron registrados en una nota que el jefe de la estación les dirigió a los vecinos, en la que reconoció que “no sólo se redujo la visibilidad horizontal de aproximación” sino que también hubo “una especie de ceniza observada por los pilotos” que “afectó las operaciones aéreas”.

En su resolución, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 no sólo dispuso el “cese inmediato” de las tareas de relleno, sino que también exigió que la Municipalidad dé cuenta de las condiciones en las que se efectuaron esos trabajos.

Puntualmente la Justicia pidió que el gobierno de Arroyo informe si “donde se arrojó basura es un centro de disposición final de residuos especialmente acondicionado y habilitado para este fin, si se ha cumplido con la Evaluación de Impacto Ambiental que exige la ley para funcionar como un centro de disposición final, contemplándose un Plan de Monitoreo de las principales variables ambientales durante las fases de operación del basural, y por último, si la cava cumple con la finalidad de un reservorio de agua, como afirman los vecinos de los barrios 2 de Abril y el Retazo”.