DOLORES (Corresponsal).- Para el secretario de Gobierno de Chascomús, Cipriano Pérez del Cerro, quien debe hacerse cargo de la indemnización por la rifa autorizada y no pagada a los beneficiarios debe ser la provincia. De esta manera se suma un capítulo más a esta larga historia que comienza en 1995 y que, después de un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, obliga a la comuna a pagar una cifra superior a los 100 millones de pesos.
“La gobernadora Maria Eugenia Vidal es quien debe hacerse cargo y afrontar esta indemnización”, dijo Pérez del Cerro al ser consultado luego de una reunión que mantuvo junto a su par de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín, los abogados de las beneficiarias de la rifa, Miguel Angel Otegui y Santiago Godoy, quien además es el hijo de una de las ganadoras.
Según se informó oficialmente, ambas partes coincidieron en que el principal responsable de esta situación es la provincia de Buenos Aires, por lo que acordaron generar una reunión a la brevedad con funcionarios provinciales a fin de establecer una mesa de negociación para tratar el tema del pago de la indemnización millonaria que tanto preocupa y aqueja a nuestra ciudad.
En 1995, la Municipalidad de Chascomús autorizó una rifa de las cooperadoras de escuelas rurales del distrito, cuyo premio consistía en una fracción de campo de unas 300 hectáreas. Al hacerse efectivo el sorteo y resultar beneficiadas dos mujeres de la localidad de Lezama se descubrió que el organizador de la rifa no tenía los papeles de posesión del bien en regla, por cuanto el campo estaba hipotecado y que, luego de algunas alternativas fue adquirido por otra persona de manera totalmente legal.
A partir de esto, las beneficiarias iniciaron una demanda contra la comuna y contra la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires que tuvo una gran cantidad de incidencias hasta que hace una semana la Corte Suprema de la Nación rechazó el último recurso interpuesto, por lo que se deberá indemnizar a las ganadoras del sorteo con una cifra que, en 2014, se estimó en 100 millones de pesos.
El monto, indicó oportunamente el intendente Javier Gastón, compromete seriamente las finanzas comunales y dejaría al municipio al borde de la quiebra.
En la reunión que los funcionarios municipales mantuvieron con los letrados patrocinantes, los secretarios expresaron que están abiertos todos los canales de diálogos necesarios para avanzar en una pronta solución a este conflicto. Por su parte, los abogados indicaron que se trata de la primera oportunidad que tienen de sentarse a conversar con la comuna.