El concejal Balut Tarifa Arenas (Unidad Ciudadana) presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante sobre la solicitud que la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, hizo a las escuelas para que realicen un “uso racional” de las emergencias médicas.

El edil busca que la administración especifique los criterios “racionales” en virtud de los que pretende que los integrantes de las instituciones educativas decidan cuáles son las emergencias que pueden o no requerir inmediata
atención médica profesional.

También pidió que indique cuáles son los alcances de la atención, sobre todo en cuanto a las situaciones de potencial responsabilidad civil.

El concejal pregunta si, tal como sugiere la nota de Crovetto, el Ejecutivo tiene proyectada la confección de un protocolo de actuación dirigido a docentes y otros miembros de instituciones educativas con el objetivo de reducir el número de solicitudes.

El pedido de informes contiene además un artículo para que el gobierno de Carlos Arroyo “se abstenga de realizar o sugerir cualquier medida que implique una reducción general y a priori de la facultad institucional de solicitar cuantos servicios de atención médica de emergencia considere necesarios, en virtud de su praxis institucional”.

Además, solicita “toda la información respaldatoria” para brindar una “explicación más clara” del propósito oficial.

El viernes, el concejal difundió en su cuenta de Twitter la nota que la secretaria de Educación envió a las escuelas. Dice que, como las prestaciones otorgadas para este ciclo lectivo son 840 y cada una cuesta $ 2.240, “resulta necesario apelar a la responsabilidad y criterio para solicitar la asistencia médica”.

La funcionaria puntualiza que solicitó a la Dirección de Salud la elaboración de un protocolo de acción para las instituciones y capacitación en primeros auxilios “con el fin de tener referentes de intervención en cada servicio educativo”.

La secretaria dice “confiar” en que “cada directivo sabrá transmitir a sus docentes la importancia del uso racional del servicio de emergencia” para que todos puedan “hacer uso en los casos realmente necesarios”.

El concejal opositor cuestionó la nota. “Creemos que la salud no es una mercancía sobre la que se puedan aplicar criterios de mercado, utilizando las formas más creativas de reducir erogaciones dinerarias y lograr contar con más dinero en las arcas. La salud, por el contrario, es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado en cualquiera de las formas que este asume”, escribió entre los argumentos del pedido de informes.

“Los servicios de atención de emergencia no sólo requieren de profesionales de la salud para ser gestionados, sino que aun dentro de estos se debe tratar de personas especialmente entrenadas para actuar en tales contextos, procesando de forma rápida los datos, actuando con claridad y calma”, añadió.

“Es muy poco racional pedir que personas sin esas aptitudes y destrezas actúen de forma general y apriorística para aplicar criterios de demarcación. En este sentido, pensamos que sólo el profesional médico entrenado puede tomar estas decisiones”, señaló, y apuntó: “La idea de convertir a los profesionales de la educación en médicos de facto en virtud de un potencial ‘ahorro’ de recursos nos lleva a preguntarnos por qué no convertirlos en plomeros y ahorrar en servicios de plomería o por qué no convertirlos en albañiles y ahorrar en construcción y reparación de infraestructura”.

Estas incógnitas, a su criterio, demuestran claramente “lo irracional de pretender que un profesional de la educación tenga aún más obligaciones de las que ya tiene y deba asumir competencias distintas de aquellas para las que fue educado”.