A casi un mes de que la gestión del intendente Carlos Arroyo debiera retirar de tratamiento los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, trascendió que ambas iniciativas podrían regresar a Concejo Deliberante durante la semana próxima.

Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo, que aseguraron que ambos textos contendrán algunos cambios con respecto a los originales, en respuesta al generalizado rechazo que provocó el intento del gobierno de quitar exenciones e incrementar la presión tributaria sobre diversas actividades económicas del Partido de General Pueyrredon.

Si bien las modificaciones todavía no fueron concluidas, se sabe que en la ordenanza fiscal serán restituidas algunas de las exenciones que el gobierno pretendió retirar, como por ejemplo, las que benefician a las salas teatrales y cinematográficas.

Por lo demás “todavía hay que definir varias cosas”, aseguraron en el gobierno.

Si bien cuando el Ejecutivo pidió la devolución de ambos proyectos el presidente de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, Alejandro Carrancio (Cambiemos), aseguró que los textos regresarían “muy pronto”, posiblemente durante aquella “misma semana”, lo cierto es que su pronóstico no se cumplió.

Los concejales remitieron los proyectos el 5 de marzo y a casi un mes de esa fecha la cuestión sigue sin ser resuelta, postergando el debate por el presupuesto 2018.

Hay quienes interpretan que la demora obedece a la necesidad del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, de intervenir en la situación de emergencia que existe con el servicio de disposición final de basura, la cual está absorbiendo la atención de buena parte del gabinete.

A pesar de que esa justificación tenga cierta validez, tanto en el oficialismo como en la oposición hay inquietud por el prolongado plazo que el Ejecutivo está dedicándole a hacer correcciones.

Mediante la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva se establece cuáles serán las tasas y derechos que el municipio cobrará durante cada año, determinando cuáles serán sus valores.

La aprobación de ambos proyectos es esencial para validar el cálculo de recursos de toda la Municipalidad y establecer los gastos, por lo que lo aconsejable es que ese paquete sea tratado y aprobado por el Concejo hacia fines de cada año.

En esta ocasión, la gestión del intendente Carlos Arroyo presentó el proyecto del presupuesto 2018 el 30 de noviembre de 2017 y pocas semanas después, por iniciativa del radicalismo, los proyectos les fueron devueltos con la consigna de que se le agregara también la ordenanza complementaria, mediante la cual se determina la escala salarial de los trabajadores municipales.

Días más tarde Mourelle remitió nuevamente los expedientes al Concejo sin cambiarles ni una coma y sin acompañarlos de la ordenanza complementaria

Luego de eso desde distintos sectores hubo una reacción generalizada contra el gobierno, debido a que al analizar el contenido del proyecto de la ordenanza fiscal, salió a la luz el tenor de las medidas recaudatorias impulsadas por Mourelle.

Entre ellas figuraba la eliminación de exenciones para cines, teatros, elencos artísticos, profesionales independientes, martilleros, libreros, editoriales, medios de comunicación o empresas radicadas en el Parque Industrial, entre otros sectores.

La medida, orientada a incrementar los ingresos de la comuna, provocó la reacción de distintas entidades que salieron a expresar sus quejas públicamente, presentaron notas de rechazo en el Concejo Deliberante y se reunieron con concejales del oficialismo y de la oposición que en muchos casos apoyaron sus reclamos.

Otra decisión controvertida consistía en comenzar a exigir el pago de las tasas por Habilitación y Seguridad e Higiene a la actividad primaria y a la actividad exportadora.

En este caso la propuesta fue rechazada por empresas de diversos rubros, principalmente de las actividades frutihortícola y pesquera.

La reacción contraria al intento de la gestión de Arroyo de incrementar la presión tributaria tampoco pasó inadvertida para funcionarios provinciales y nacionales, quienes exhortaron a revisar todas esas propuestas.
Para cuando el Concejo Deliberante le remitió las ordenanzas fiscal e impositiva al Ejecutivo, el municipio acababa de adherirse al Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Provincia.

Este hecho permitió que el oficialismo basara su decisión de devolver los proyectos por segunda vez recurriendo al argumento de que debían ser adaptados a las pautas de confección y ejecución presupestaria que exige ese Régimen.
Días atrás la concejal radical Cristina Coria dio por seguro que los proyectos de la ordenanza fiscal e impositiva regresarán al Concejo con algunos de los cambios esperados, producto de haber “escuchado a los sectores de la ciudad”.

Según dijo, durante los últimos días hubo “reuniones de trabajo, que han dado lugar a las modificaciones más importantes” vinculadas con reducir algunos aumentos de tasas que “eran muy superiores al promedio”, revisar “la quita de ciertas exenciones” y rever propuestas cuya aplicación tiene problemas legales.

Además la concejal oficialista deslizó sus críticas por la forma en la que la gestión de Arroyo impulsó y trató de sostener esas medidas.

“Los sectores que tienen un tratamiento diferencial no los recibieron de la noche a la mañana o por una relación mas cercana con una gestión, sino como fruto de un trabajo muy extenso y en base a algunos fundamentos. A mi entender algunos criterios no pueden ser cambiados de un día para el otro. Me parece que faltó un poco de trabajo con los sectores”, indicó.