El 13 de diciembre pasado, por resolución 1244-E/2017 del Ministro de Defensa, fue creada una Comisión Asesora “para la dilucidación de los sucesos previos y las causas que podrían haber ocasionado la desaparición del Submarino ARA San Juan“.

Esta Comisión funcionará en el ámbito del Ministerio, vale decir por fuera de la estructura de la Armada, lo cual pareciera tener el objetivo de asegurar la asepsia de las conclusiones que pudieran obtenerse.

El prestigio profesional de los oficiales superiores submarinistas designados en esa resolución parece, en todo caso, la mejor garantía de idoneidad y rectitud. Ellos, como corresponde, desempeñarán sus cargos “ad honorem”.

Curiosamente, unos días después fue creada otra comisión con similares objetivos, esta vez en el ámbito del Congreso. Efectivamente, la ley 27.433, votada el 27 de diciembre de 2017, crea la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan”.

Esta segunda comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados nacionales, quienes a su vez designarán a un cuerpo de especialistas conformado por cinco oficiales submarinistas, de jerarquía no inferior a contraalmirante. Estos militares, como corresponde, también desempeñarán sus cargos “ad honorem”.

Esta comisión todavía no funciona, aunque hayan pasado seis semanas desde su creación. No obstante, podría pensarse que por su naturaleza y por el articulado mismo de la ley que la crea, debería contar con más herramientas, poder y recursos que la que fue creada en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, si bien esta norma establece que la conformación de la comisión bicameral deberá respetar “la pluralidad de la representación de ambas cámaras” (o tal vez precisamente por eso) resulta bastante difícil creer que las conclusiones que se obtengan no estarán contaminadas por las conveniencias políticas de los diferentes actores.

Algunos legisladores de la actual oposición han desempeñado en los últimos años altas responsabilidades en el ámbito de la Defensa Nacional.

Si surgieran indicios que relacionaran sus gestiones con la trágica pérdida del San Juan, ¿no se generarían acaso interminables discusiones, acusaciones cruzadas, chicanas y cuestiones de privilegio?

¿Puede esperarse que nuestro Congreso, tan refractario a los consensos, pueda ofrecer a la sociedad una respuesta inobjetable?

Muchos de los actuales legisladores han votado a lo largo de los años presupuestos militares cada vez más raquíticos. La investigación del desastre del San Juan los pondrá frente a la consecuencia más desdichada de esas decisiones. No debemos esperar sin embargo arrepentimientos genuinos, ni siquiera vagas introspecciones críticas.

Hay para eso una larga fila de militares esperando para cargar con las culpas de esta tragedia. Lo más probable es que sean los únicos, no importa cuántas comisiones investigadoras sean creadas.

Al fin y al cabo, pese a que cuando corresponde trabajan “ad honorem”, los militares no tienen fueros.

(*): Capitán de Navío (RE) y veterano de la Guerra de Malvinas.