El fiscal Federico Uriburu confirmó hoy que comenzaron las excavaciones para dar con el paradero de una familia integrada por un matrimonio y sus cuatro hijos que desaparecida hace 16 años, en el campo de un contratista que empleaba a los dos mayores.

Los trabajos se iniciaron esta mañana tras reactivarse la causa caratulada como “averiguación de paradero” luego del relato de un nuevo testigo que aseguró ver al jefe de esa familia cavando pozos en el campo ubicado en la ciudad entrerriana de Nogoyá, luego de lo cual, no se supo más de él y del grupo familiar.

Uriburu dijo hoy a Télam que “los equipos de personal de la Fiscalía y del Juzgado se reunieron a las 8 en la zona a excavar” aunque aclaró que “no se espera que haya resultados en estas horas”, sino “en un par de días”.

En el lugar fue citado, a su vez, un equipo de médicos, bomberos y policías que acompañará las tareas.

La última vez que los vecinos de la estancia La Candelaria, en el departamento de Nogoyá, supieron algo de la familia Gill fue el 14 de enero de 2002 cuando vieron a José Rubén “Mencho” Gill, el jefe de la familia, trabajando en el campo.

Seis meses después, un familiar denunció su desaparición y lo que ocurrió con ellos, desde entonces, fue un misterio.

No hay registros oficiales ni datos migratorios sobre el destino de Gill, de 56 años, peón rural; de su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26; ni de sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2.

Sin embargo, uno de los testigos a los que el fiscal Uriburu volvió a entrevistar el año pasado contó que ese 14 de enero había visto a Rubén Gill quejándose por los pozos que le habían ordenado cavar en el campo donde trabajaba.

La estancia, de alrededor de 500 hectáreas, se ubica en el pueblo de Crucecitas Séptima, a 50 km de Paraná, y pertenecía a Alfonso Goette, quien murió en 2016 en un accidente automovilístico.

La desaparición de la familia fue dada a conocer, en primer lugar, por Goette, quien visitó a una de las hermanas de Rubén para preguntar por ellos, aunque pasaron seis meses para que un familiar presentara la denuncia en la justicia.

El juez Sebastián Gallino, que intervino inicialmente para investigar el paradero de la familia, ordenó la primera inspección en la estancia La Candelaria recién 18 meses después de la desaparición, sin obtener resultados.

Foto: Diario Uno – Entre Ríos.