El presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, marcó la importancia de que el Congreso Nacional avance con el proyecto de reforma del organismo y, si bien se mostró a favor de la propuesta del Gobierno para aumentar el número de miembros en el organismo, propuso incrementar la participación de académicos.

“Creo que hay que modificar su composición y fundamentalmente incorporar a más jueces, más abogados y más académicos para lograr un quórum propio del estamento no político”, señaló al respecto de la iniciativa de reforma del organismo, que será tratada tras el receso en el Congreso.

La propuesta girada por la Casa Rosada a la Cámara de Diputados a fin de año apunta a que el cuerpo pase de la composición actual a 16 consejeros, ya que plantea sumar un integrante más por el Poder Judicial y otros dos en representación de los abogados, aunque plantea que continúe habiendo sólo un académico.

Así, el plenario quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores) cuatro abogados (inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior), un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.

Durante una entrevista con NA, Piedecasas, que ya había ocupado la presidencia del cuerpo en 2016, señaló además que uno de los principales desafíos para este año es reducir las vacantes en los Juzgados y avanzar hacia una “Justicia digital“.

Por otro lado, celebró la “libertad de criterio” y el “apoyo institucional” hacia los jueces para avanzar en diferentes causas por corrupción, que involucran a ex funcionarios y líderes sindicales, y consideró al respecto que que “ahora están recibiendo la información que a lo mejor antes podrían no recibir”.

– Fue electo nuevamente como presidente del Consejo, ¿cuál considera que es su principal objetivo durante este año?

– Estamos aquí para seleccionar jueces, juzgar su conducta y el desempeño, reglamentar para un servicio judicial más eficiente y también administrar los recursos del organismo. Cada renglón tiene que tener un objetivo particular: sobre el primero de ellos, en este ciclo tenemos que lograr elevar 100 ternas; en materia de disciplina y acusación, vamos a seguir adelante con el trámite de todas las causas que se están desarrollando, la idea es que bajemos a un número considerable y pasar de tener 190 a 100 causas en trámite. En cuanto a los recursos financieros, se ha logrado la meta de tener el mayor grado de ejecución del presupuesto y queremos repetirlo este año.

– ¿Hay un avance en el acceso a la información pública?

– Estamos trabajando fuertemente sobre el expediente digital, la oralidad y el acceso a la información pública. En marzo vamos a poner a disposición del pleno y posteriormente de la sociedad los resultados en las auditorías de corrupción en un portal de datos abiertos. También están en proceso otras auditorias referidas a narcotráfico y de gestión del fuero laboral en la Capital Federal. Acabamos de firmar un convenio en materia de oralidad con el Ministerio de Justicia. Diría yo que la modernización a través de lo que se llama la Justicia Digital, de la implementación de las videoconferencias y de un sistema de audiencias videograbadas, va a permitir un salto cualitativo en el servicio.

– ¿Cuántas vacantes hay actualmente en los juzgados?

– Son 258 vacantes sobre un universo de aproximadamente 1.000 cargos. De esas vacantes hay 189 tramitando en el Consejo. La idea es bajar los trámites al 10 por ciento. La anterior composición de la Magistratura elevó en cuatro años solamente 45 ternas, nosotros en tres años ya elevamos 152.

– ¿Qué opina del proyecto del Gobierno para modificar el reglamento del Consejo y que, entre otras cosas, tenga más miembros?

– Soy partidario de una reforma del Consejo de la Magistratura. Hay que modificar su composición y fundamentalmente incorporar a más jueces, más abogados y más académicos para lograr un quórum propio del estamento no político. Para eso, desde mi punto de vista, debería elevarse a cuatro el número de jueces, a cuatro el de abogados y a dos el de académicos.

– ¿Quién va a ocupar el puesto que dejó Eduardo Freiler (destituido por mal desempeño) en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional?

– Debe completarse por el concurso respectivo o el traslado de jueces, ese es el sistema. Aún no hay una nominación específica: debe plantearse y concretarse.

– ¿Cómo quedó la situación de Daniel Rafecas, acusado de mal desempeño por su actuación al frente de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner?

– Estamos esperando que el consejero informante, µngel Rozas, presente el dictamen respectivo y luego será sometido a la votación de la Comisión y posteriormente del pleno del cuerpo.
Allí hay tres alternativas: sostener una acusación, sostener una sanción o sostener una desestimación. Yo voy a hacer mi juicio de valor cuando emita mi voto, no voy a prejuzgar. Voy a esperar a ver el dictamen y luego emitiré mi voto.

– Otro de los jueces más denunciados es Claudio Bonadio, ¿alguna de estas denuncias puede avanzar o están cerradas?

– Hay denuncias que ya han sido archivadas, desestimadas, y otras que están en trámite, pero ninguna de ellas se encuentra en etapa de decisión.

– ¿Qué opina de la herramienta de prisión preventiva que utilizaron varios magistrados para detener a exfuncionarios acusados de corrupción?

– No me corresponde opinar sobre cuestiones jurisdiccionales. Si hubiera mala conducta o mal desempeño por parte de algún magistrado, la denuncia va a venir al Consejo. Quiero dejarlo muy en claro, el Consejo es garante de la independencia judicial y, por ende, del contenido jurídico de cada acto de los jueces.

– ¿Hubo un cambio en la Justicia que generó que se avance con causas que antes no prosperaban, como las denuncias contra líderes sindicales?

– Lo que ha ocurrido es que el sistema está funcionando, que los jueces ahora están recibiendo la información que a lo mejor antes podrían no recibir. También hoy hay otros recursos humanos y tecnológicos que permite llevar adelante estas investigaciones. Depende de cada caso en particular, yo creo que tenemos que valorar que la Justicia sienta la autonomía, la libertad de criterio y el apoyo institucional para llevar adelante las investigaciones.

– ¿Los jueces deben pagar Ganancias?

– Absolutamente. La ley ya lo estableció y me parece que la Argentina ha saldado una discusión donde había quedado muy solitaria en el mundo. Se ha adoptado un sistema muy parecido al de Estados Unidos.