Empresarios del sector pesquero le anticiparon ayer al intendente Carlos Arroyo su decisión de recurrir a la Justicia para oponerse al intento de imponer el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene sobre las exportaciones del sector. Además. le hicieron saber que ya solicitaron la intervención de dependencias nacionales y provinciales para frenar el avance del proyecto.

“En las conversaciones que hemos tenido con funcionarios de la Nación y de la Provincia nos han expresado una gran preocupación por este tema”, le aseguró a LA CAPITAL el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), Fernando Rivera, quien este martes acompañó a varios empresarios de la pesca a una reunión con el intendente Carlos Arroyo y su secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

El encuentro se llevó a cabo luego de que esa entidad, al igual que lo hicieron otras cámaras de diferentes rubros, expresara públicamente su rechazo al proyecto de la ordenanza fiscal que prevé imponer el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene sobre las exportaciones que realicen todas las empresas radicadas en el Partido de General Pueyrredon.

Según trascendió, durante el encuentro el jefe comunal exhibió una actitud “mucho más componedora” que la de su secretario, quien más de una vez ratificó su voluntad de aplicar esa y otras medidas recaudatorias.

“Dijimos claramente que estamos en desacuerdo con este proyecto porque está en contra del Pacto Federal, la Ley de Coparticipación y de todos los esfuerzos que venimos haciendo con la Nación y con la Provincia para tratar de mantener la actividad en el puerto local”, señaló Rivera.

Según el dirigente, los empresarios explicaron que la iniciativa surgió en “un pésimo momento” ya que la industria pesquera marplatense “se sustenta en la producción del filet de merluza, que actualmente tiene una muy baja o nula rentabilidad“.

Rivera indicó que más allá de eso, los empresarios expusieron otras razones políticas y legales por las que la Municipalidad no podría gravar las exportaciones locales, particularmente las de la actividad pesquera.

“Esta medida contradice el decreto a través del cual el presidente Mauricio Macri intentó mejorar la competitividad del sector así como el esfuerzo que ha hecho la Provincia para mantener la ocupación y el empleo, otorgándoles a los trabajadores del SOIP un subsidio para fin de año”, destacó.

Pero además, “dejamos en claro que el municipio pretende, lisa y llanamente, aplicar un impuesto” ya que “no prevé ofrecerles a las empresas ninguna contraprestación concreta a cambio del pago de la tasa”.

Para Rivera, prueba de ello es que el proyecto que está en tratamiento en el Concejo Deliberante “habla de aplicar la tasa sobre un porcentaje de la facturación” de las exportaciones, utilizando un criterio “que ya ha sido rebatido” por fallos de la Corte Suprema.

“Por ese motivo advertimos que si la Municipalidad insiste en avanzar con esto, que contradice toda práctica judicial válida, vamos a hacer una demanda en la Justicia para solicitar que no se aplique”, indicó.

Por el sector empresarial, a la reunión asistieron entre otros los empresarios Antonio Solimeno y José Moscuzza y directivos de diferentes firmas como Mariano Pérez, Diego Mastrogostino y Lisandro Belarmini.

Ante el categórico rechazo de la pesca frente a la iniciativa, el intendente Arroyo “se mostró preocupado“, describió las serias dificultades económicas y financieras que afronta su gestión y “pidió algo de tiempo” para analizar el tema, dijo Rivera.

Sin embargo la actitud de Mourelle fue otra.

“El secretario dijo que estaba muy firme y pretendió justificar con distintos argumentos su proyecto. Primero explicó que con lo que se recaudara el municipio iba a controlar la calidad de nuestros productos y le explicamos que eso ya lo hace Senasa. Después dijo que iba a controlar el trabajo no registrado y le tuvimos que explicar que eso ya lo hace el Ministerio de Trabajo. Vimos a un funcionario tratando de justificar de alguna manera cómo obtener mayores ingresos, porque aparentemente, tiene una situación bastante grave”, contó Rivera.

El dirigente señaló que finalmente la reunión concluyó sin ningún acuerdo concreto y con la ratificación, de parte de los empresarios, de su voluntad de acudir a la Justicia y de profundizar el diálogo con funcionarios nacionales y provinciales.

“Por lo pronto ya hemos conversado con el Ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquís, quien está perfectamente al tanto del tema y la semana que viene vendrá a Mar del Plata”, reveló.

Según se supo, Caipa no fue la única entidad del sector pesquero en plantear su postura ante Arroyo, ya que durante la misma jornada de ayer el jefe comunal se reunió con integrantes de Cafrexport, la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Udipa, quienes se expresaron más o menos en los mismos términos.

En tanto que se espera que mañana, jueves, el intendente reciba al Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).