Playa Chica no abandonará por el momento su condición de “mancha negra” de la costa marplatense. Con un pliego de licitación que no avanza en el Concejo, y ante el notable estado de abandono que presentan sus construcciones, el intendente Carlos Arroyo dispuso que sean demolidas.

Lo hizo a través de un decreto de mediados de diciembre, por el que autorizó a destinar $1.189.125 para dejar el lugar “en el estado más natural posible”.

El jefe comunal le encomendó a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a cargo de Guillermo de Paz, la contratación de una empresa “para la ejecución de los servicios” y “el retiro de todos los escombros y materiales que resulten” de la demolición.

El ocaso de Playa Chica viene desde hace tiempo. En marzo de 2015, la gestión del ex intendente Gustavo Pulti decretó la caducidad del contrato de concesión con Gerardo Fernández, quien explotaba la unidad turística. El ex concesionario reaccionó con denuncias. Y esas acciones judiciales son las que postergan el avance en las comisiones del Concejo del pliego de bases y condiciones de la licitación que impulsó el año pasado el Ente de Turismo (Emtur).

Para dar un panorama de cómo se encuentra el lugar, Arroyo citó un informe de la Dirección de Control de Obras de Unidades Turísticas Fiscales, que sostuvo que “la velocidad de degradación que sufre la unidad es muy rápida por encontrarse en una ubicación muy castigada por las condiciones climáticas y la presencia del mar”.

La Dirección de Obras Públicas, por su parte, señaló que “los edificios se encuentran abandonados, en muy mal estado de conservación y sin ningún tipo de elementos de seguridad que impidan el colapso de los sectores más comprometidos”. Agregó que, por la rapidez del deterioro, “no se puede garantizar por mucho tiempo más su estabilidad”.

La conclusión del informe es contundente: “Se recomienda la demolición total de los edificios debido a que es un foco de inseguridad e insalubridad para la zona, cuyo detrimento es tal que no tiene sentido la recuperación ni puesta en valor”. Más: señala que el sitio se volvió “muy peligroso para las personas que ingresan” y para “los transeúntes que circulan por la zona”.

El decreto subraya “la impostergable necesidad de resguardar la vida, seguridad y salubridad del ciudadano” y aclara que la demolición se realizará mediante una contratación directa porque se trata de un trabajo “de urgencia”.