La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Justicia de Garantías elevar a juicio una causa contra estafas inmobiliarias contra un grupo de personas que, mediante documentación falsa proveniente de Paraguay y un falso heredero de ese país, intentó quedarse con un importante campo de la localidad de Ayacucho.

La causa que lleva adelante el fiscal Javier Pizzo tiene como principal imputado Luis Carmelo Costanzo Espinoza, quien en 2010 habría engañado a un notario para que insertara datos falsos de una escritura para acreditar su carácter de comprador de un campo en Ayacucho, mientras que la representación del supuesto vendedor, Ricardo Rodríguez, estaba sustentada por instrumentos públicos falsos confeccionados en Paraguay.

Según estos documentes falsos realizados en Paraguay, Ricardo Rodríguez confirió un poder especial irrevocable de la propiedad a favor un hombre llamando Jesús Narbarte, quien a su vez le confirió un poder irrevocable a Espinoza. Todo esto firmado y certificado por una notoria de Paraguay.

Según estos documentos, Ricardo Rodríguez era el propietario de una fracción del campo de Ayacucho que le vendió a Narbarte en Paraguay por 63.700 dólares.

El fiscal Pizzo concluyó que estos documentos presentados eran apócrifos y, al cruzar información con Migraciones de la Argentina, pudo constatar que Ricardo Rodríguez no registró salidas del país en las fechas en que habría realizado la transacción.

“Mediante el ardid consistente en hacer uso de dicha escritura hicieron incurrir en error a las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble, razón por la cual el bien queda a nombre de Luis Carmelo Costanzo Espinoza, perjudicando patrimonialmente al Fisco de la Provincia de Buenos Aires”, resume el fiscal en la causa en la que pidió la elevación a juicio.

No conforme con la situación en la que se trabó la transacción del inmueble, el 3 de diciembre de 2010 Luis Carmelo Costanzo Espinoza se presentó en el Juzgado de Paz de Balcarce con una escritura falsa y con falsos informes expedidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, y pidió desplazar a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires al procurar con sus presentaciones hacer valer su condición de titular registral del bien y hacer incurrir en error al magistrado interviniente para que declarara la cesación de vacancia.

Es decir, Espinoza se presentó con documentos falsos como el legítimo propietario del campo para que pasara a su patrimonio y no quedara a disposición de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, un año después, el 14 de diciembre de 2011 el magistrado rechazó el pedido de cesación de vacancia, fundando su decisión en la falta de legitimación de Costanzo Espinoza dado que no revistía la calidad de heredero.

A pesar de esta nueva negativa, la intención de quedarse con un campo que no tenía dueños ni herederos continuó y en junio de 2012 se presentó en el mismo proceso el abogado Carlos Alberto Costa, en carácter de apoderado de Antonio Rodríguez Sánchez, un hombre de nacionalidad paraguaya que aseguraba ser hijo del dueño del campo y su legítimo heredero.

Para el fiscal Pizzo, esto se trató de “un plan coordinado con división de funciones y tareas”. El abogado Costa adjuntó al expediente civil el acta de certificado de nacimiento de la República de Paraguay de Antonio Rodríguez Sánchez, que era apócrifa, ya que no correspondía la fecha de nacimiento, ni el nombre o nacionalidad de su padre.

A esta altura, la Fiscalía de Estado detectó las maniobras irregulares y, junto con la Fiscalía de Delitos Económicos, pusieron la lupa sobre el campo y la intención de un grupo de personas por quedárselo.

Según trascendió, las personas involucradas en esta operación irregular para apropiarse de un campo en Ayacucho estarían relacionadas con los profesionales imputados en la megacausa que lleva la Fiscalía de Delitos Económicos contra una organización criminal dedicada a elaborar y utilizar documentos privados y públicos falsos con el objeto de transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles registrados ante la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, y obtener su disponibilidad jurídica para apoderarse en forma deliberada de ellos, para sí o para eventuales compradores.

En esta megacausa, hay cerca de 50 personas imputadas -entre ellas abogados, escribanos, agrimensores, imprenteros y miembros del Registro de la Propiedad de Inmueble- y se les adjudican haber realizado unas 50 transacciones de manera fraudulenta.