MIRAMAR (Corresponsal)- Los dos casos de profanación de tumbas ocurridos en menos de un año en el cementerio de Comandante Nicanor Otamendi, principalmente causaron indignación en la sociedad y sobre todo un dolor profundo a las familias que no sólo debieron resignarse a la pérdida de sus hijos, sino también a ser víctimas de estos hechos aberrantes.

Asimismo, también este tipo de acciones generaron polémica y reacciones políticas enfrentadas debido a que la necrópolis sólo cuenta con custodia municipal de lunes a sábado de 8 a 11 y el predio tiene limitaciones estructurales que permiten un fácil acceso para cometer ese tipo de acciones.

Ante esta situación, los bloques de concejales de la oposición pretenden conformar una Comisión Investigadora, instando el artículo 68 inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Buscan determinar si hubo negligencias tras el primer caso de profanación ocurrido en marzo de este año. Es decir, si el Ejecutivo y la delegación municipal de esa localidad, cumplió con las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el cementerio. También sí la cámara municipal ubicada en inmediaciones funcionaba desde aquel hecho inicial hasta el actual acaecido el 24 de diciembre y por el cual existe una investigación el curso, encabezada por la fiscal de Miramar Ana Caro y la sub DDI.

Ya hubo un primer encuentro entre el intendente Germán Di Cesare, concejales oficialistas junto a ediles de Cambiemos y Unidad Ciudadana para tratar de aclarar algunas cuestiones, aunque la sesión de este viernes que comenzará alrededor de las 10, promete ser al menos polémica.

Desde el gobierno, inculcando el artículo 249 de la misma legislación, dejaron el claro su postura ante LA CAPITAL. “Faltan argumentos para crear dicha comisión, debe haber causas patrimoniales abiertas, faltas reiteradas o negligencias graves que no las hay”, fue el análisis.

La oposición necesitaría unos 11 votos para crear la Comisión Investigadora. De lograr su objetivo, el organismo estará integrado por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. Según la ley, “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos”.

Tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de 30 días.

Cumplidos los requisitos, el intendente podrá efectuar descargos y aportar pruebas, a cuyo fin se le otorgará un plazo de diez 10 días.

Vencido este lapso, la comisión deberá elevar al Concejo Deliberante su informe en un período máximo de quince 15 días, para que en sesión especial califique la gravedad de los hechos.