El sector agrícola tuvo un 2017 marcado por el retorno de la Sociedad Rural al Ministerio de Agricultura, con la designación de Luis Miguel Etchevehere al frente a la cartera, y la apuesta oficial por ganar competitividad y mercados para los productos agropecuarios.

La llega de Etchevehere marca el regreso de la Sociedad Rural a la cartera agrícola, algo que no se daba desde 1933 cuando el cargo fue ocupado por Luis Duhau, durante el gobierno de Agustín P. Justo.

Los desafíos del nuevo ministro, que asumió el cargo en noviembre pasado, en reemplazo de otro dirigente del campo, el ex titular de CRA, Ricardo Buryaile, pasan por lograr incrementar las exportaciones agropecuarias en un escenario mundial con restricciones, como ocurrió con las ventas de biodiesel a Estados Unidos, el principal producto de exportación argentino a ese país.

Además del biodiésel, Argentina tiene pendiente con Estados Unidos el ingreso de limones, que ya cuenta con todas las autorizaciones de parte de ese país, y de la carne vacuna, que si bien tiene un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor, todavía la administración de Donald Trump no avaló.

En ese contexto, Etchevehere adelantó a Télam que los desafíos pasarán por lograr “una competitividad sostenible a través de mesas sectoriales para agregar valor en todas las cadenas y que Argentina logre seguir fortaleciéndose ante el mundo, abriendo nuevos mercados”.

Además, el ministro dijo que avanzarán en “desburocratización y transparencia, con el objetivo de agilizar el trabajo de productores y eslabones agroindustriales desde lo comercial, productivo y sanitario”.

Producción récord

Por el lado de la producción, en 2017 se alcanzó un récord de 136,6 millones de toneladas en lo que hace a los granos, pero las economías regionales siguen con problemas por la situación del tipo de cambio, que según el Índice de Tipo de Cambio Multilateral alcanzó en tercer punto más bajo desde 2002.

Esa misma situación también afecta a la venta de granos de los productores al sector exportador, que alcanza niveles bajos, similares a los que existían en 2015, en la prevía del cambio de Gobierno y la anunciada baja de los derechos de exportación.

En 2018, la producción de granos será buena, pero según las estimaciones privadas, estará por debajo del récord de la cosecha anterior.

El que culmina fue el año más difícil de los últimos tiempos para Sancor, que estuvo varios meses con plantas cerradas y problemas en su producción en el marco de la crisis que viene afrontando la empresa láctea desde hace varios años.

Finalmente, el futuro de la cooperativa está encaminado a una venta mediante la creación de una nueva sociedad, de la que Sancor será accionista minoritario, a la empresa láctea más grande del mundo, la neocelandesa Fonterra.

Por su parte, el clima jugó un rol clave durante el año, en especial las lluvias, que dejaron un saldo de 10 millones de hectáreas productivas afectadas por excesos hídricos, según cálculos realizados por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El año comenzó con temporales sobre el centro sur de Santa Fe y el norte bonaerense, que depositaron más de 300 milímetros en una sola jornada y complicó aún más la situación de los tambos, que según la Mesa de Productores

Lecheros de Santa Fe (Meprolsafe) provocaron una “situación terminal” en más de 1.000 establecimientos.
Por su parte, el gobernador de dicha provincia, Miguel Lifschitz, calculó que las pérdidas en la producción agropecuaria producto de los anegamientos podrían alcanzar los 20.000 millones de pesos.

Una primavera de fuerte lluvias

Otros eventos de grandes precipitaciones se produjeron entre octubre y septiembre y afectaron principalmente zonas productivas de Buenos Aires y La Pampa, con un resultado de 10 millones de hectáreas con excesos hídricos y pérdidas de 1.500 millones de dólares, según cálculos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Durante noviembre, el aumento del 50 por ciento en promedio del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires estipulado para 2018, generó cierto descontento y fricciones entre los representantes de los productores y los funcionarios provinciales.

Al respecto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideraron que dicho incremento tenía cierto “matiz confiscatorio” y proyectaron que los nuevos valores de la alícuota representará”un costo para el sector de 4.000 millones de pesos”.

Por el lado del Gobierno provincial, el ministro de Agroindustria provincial, Leonardo Sarquís, defendió el aumento y subrayó que el Gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal “devuelve los impuestos en obras”.
De cara al 2018, Sarquís adelantó a Télam que van a buscar “potenciar nuestro trabajo en 4 ejes: innovación (bioeconomía y biotecnología); competitividad y productividad; seguridad agroalimentaria; y una agroindustria con foco social”.

“El objetivo que planteamos con la gobernadora al asumir fue hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de los productores de nuestra provincia y posicionar a la agroindustria bonaerense como la más importante del país”, concluyó.