Así como el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) instó al gobierno del intendente Carlos Arroyo a actuar de “manera inmediata” para resolver las múltiples deficiencias del predio de disposición final, otro organismo de control ya había posado su atención sobre otro de los aspectos de la gestión integral de los residuos.

Este año en uno de sus habituales informes el Tribunal de Cuentas de la Provincia reclamó que el municipio explique de qué manera calcula el monto del canon que le paga a la empresa de recolección, luego de que por razones presupuestarias, el gobierno de Arroyo decidiera suprimir algunos de los servicios previstos en el pliego de concesión.

Según señaló el organismo, al momento de firmar el contrato vigente a comienzos de 2016, la actual gestión impulsó un recorte de las prestaciones contempladas en el pliego de bases y condiciones, lo que provocó que el servicio por el que actualmente pagan los vecinos terminara siendo muy diferente del previsto.

Por motivos de ahorro la Municipalidad dispuso dejar sin efecto el programa de contenerización de la basura -para el cual ya había sido concedido un crédito internacional- y reducir de manera considerable el servicio de barrido mixto.

Además de eso se convino cancelar el programa de “comunicación, publicidad y educación” que, entre otras cosas, preveía crear un sistema vecinal de control y un mecanismo de gestión de reclamos.

La supresión de todas esas prestaciones supuso una disminución de los costos, lo que para el Tribunal de Cuentas, no quedó claramente reflejado en el canon que el municipio le paga a Transportes 9 de Julio, cuyo monto asciende en la actualidad a los 64 millones de pesos mensuales.

Al margen de haber reclamado explicaciones contables, en su informe el Tribunal de Cuentas se ocupó de detallar minuciosamente de qué manera el servicio ofrece la 9 de Julio terminó siendo muy distinto del previsto.

Es que mientras que el pliego establecía que la empresa debía realizar el barrido mixto en 962 cuadras, finalmente esa tarea quedó limitada a 357.

Otro ítem eliminado fue el vinculado a la contenerización, debido a que a pesar de disponer de un préstamo millonario para realizar la operación, la gestión de Arroyo desistió de la compra de 1740 contenedores para que fueran instalados en el micro y el macrocentro, lo que relevó a la empresa de su compromiso de poner en funcionamiento camiones para realizar una recolección mecanizada.