LA PLATA (Corresponsal)- El “paquete” de leyes que desde el Ejecutivo bajó a la Legislatura bonaerense para su tratamiento y votación, tiene como objetivo lograr una provincia sustentable en el mediano plazo. Para ello se promueve un ahorro en el gasto administrativo de 3.100 millones de pesos anuales, que se descomponen en el ahorro de 2.500 millones aprobado en la legislatura y otros 600 que podrían lograrse si la nueva ley de ministerios es avalada en los recintos de las cámaras.

Los cambios impulsan un ajuste de la política desde la estructura de control de gobierno con una reducción de cargos públicos del 22%, que se suma al 11% que ya había hecho la gobernadora al momento de su asunción.
Esto supone un reordenamiento del 30% de las estructuras subministeriales que se superponían en varias áreas y una reclasificación de la mitad de las estructuras que no tenían una alineación clara con los objetivos estratégicos de gobierno.

Traducido en números, de 990 cargos políticos se eliminaron 221 (14 subsecretarías, 82 direcciones provinciales y 125 direcciones de línea) lo que hará que todas las áreas de la administración provincial deban adaptar su funcionamiento a la nueva organización propuesta por el Ejecutivo.

Un ejemplo de esto es el área de emergencia, que antes tenía “custodia compartida” entre Seguridad e Infraestructura y ahora dependerá enteramente del ministro Cristian Ritondo, para que todo lo que tenga que ver con las situaciones de emergencia puedan ser coordinadas de manera única desde una sola dirección, dejando que Roberto Gigante se encargue de otras cuestiones más específicas a su cargo.

También se creará un organismo de labor específica en barrios y villas denominado Organismo Provincial de Integración Social Urbana (Opisu). La dirección provincial de Aguas y Cloacas absorberá al Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, así como la Autoridad del Agua absorberá al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires, algo que llama la atención ya que los organismos de control tienen autarquía para poder funcionar.

“Paquete previsional”

Uno de los puntos más importantes de este paquete que esta semana se votará en las cámaras está relacionado con el denominado “paquete previsional”, que elimina regímenes especiales de privilegio para los cargos de gobernador, vicegobernador y legisladores, elevando a 5 años la edad jubilatoria y la cantidad de tiempo de aportes y bajando la tasa de sustitución del 82% al 70%. Esto también se “sugiere” sea copiado por los intendentes y concejales, pero deberá ser refrendado en cada recinto municipal.

En el mismo sentido, la Provincia buscará evitar cubrir el déficit de la Caja Previsional del Banco Provincia, que es de unos 5.000 millones anuales y que sería de 6.700 millones en 2018. Para ello elevaría en un lustro también la edad de jubilación entre 2020 y 2028 y bajaría la tasa de sustitución al 60%. Este desfasaje en las cuentas se debe a que la entidad crediticia tiene 0,7 aportantes por cada jubilado, lo que hace inviable su sistema previsional sin el aporte de la administración bonaerense.

Por ley, la provincia cubre el déficit que provoca anualmente esta caja, que tiene una jubilación promedio de 45 mil pesos y algunas que llegan a los 170 mil. Si se logra que el mismo banco se haga cargo de este rojo en las cuentas, se obtendría dinero suficiente para incorporar 2.600.000 beneficiarios en el Servicio Alimentario Escolar, triplicar el monto del plan Más Vida, construir 137 escuelas, pavimentar 400 kilómetros de ruta o construir 6 hospitales. Además el cálculo del haber inicial se hará sobre el promedio de los últimos 10 años de aportes.

También se envió una ley de ART y un proyecto para que los legisladores (al igual que los funcionarios) deban presentar sus declaraciones juradas invitando a municipios, gremios, instituciones colegiadas y ONG a que lo hagan de manera voluntaria, no así al Poder Judicial, que podría hacerlo de ser su decisión.

Otro de los aspectos salientes de este “paquete de leyes” es la modificación del artículo 14 de la ley fiscal, que es sólo una corrección en la redacción y no modifica lo que ya se paga, por lo que no sería un revalúo.

También se contempla la creación del “Parque Nacional Ciervo de los Pantanos” y la del Sistema Estadístico Provincial, una especie de Indec bonaerense, que en los hechos ya funciona en el Ministerio de Economía pero que con esto, formalizaría su incorporación a la estructura administrativa bonaerense.

Otros puntos a destacar son la actualización de los valores de las tierras en las “urbanizaciones cerradas”, la renovación de la Emergencia en Seguridad (que incluye la emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense), la despapelización de las notificaciones judiciales y la posibilidad de volcar los excedentes del IOMA en el Sistema de Salud Pública.

Cooperativas

En ese sendero, se endurecerán también los requisitos para las cooperativas, buscando de esta forma que muchas empresas no se escondan bajo esa denominación para evitar pagar cargas impositivas como la de Ingresos Brutos.

Finalmente y en relación al Corredor Vial del Atlántico, podría tomarse el excedente de la empresa como canon que sería reinvertido en obras, modelo que la empresa AUSA ya aplica en la ciudad de Buenos Aires.

En definitiva, si se aprueba el paquete completo, y se suman los 600 millones de ahorro a los 2.500 que desde la Legislatura ya no se gastarán y a la posibilidad de que el Banco Provincia modifique su sistema previsional para que desde el Ejecutivo no tengan que salir en su auxilio, la arcas bonaerenses podrían hacerse, en 2018, de casi 10 mil millones de pesos que la gobernadora tendría para destinar como mejor le parezca, algo impensado hace dos años, cuando al asumir recalcó que había heredado una provincia quebrada.