La relación entre el intendente Carlos Arroyo y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, atraviesa por un momento de máxima tensión.

Tan es así, que desde La Plata “bajó” la instrucción de que los efectivos de la Policía Local sólo puedan prestar servicios de vigilancia en los establecimientos municipales en el caso de que la comuna pague por ellos.

La medida parece ser una una clara respuesta del Ministerio de Seguridad a la decisión “unilateral” de la gestión del intendente Carlos Arroyo de suspender la provisión de combustible a los patrulleros por “razones financieras”.

Luego de que el gobierno local adoptara esa controvertida medida, desde La Plata acaba de llegar una réplica que dejó a algunos funcionarios perplejos.

“El Ministerio dispuso que la Municipalidad pague por la presencia de cada uno de los efectivos de la Policía Local en los edificios de la comuna”, le confirmó a LA CAPITAL una fuente.

Esta disposición comenzaría a regir de manera inmediata, lo que pondría en riesgo la presencia policial en algunos lugares sensibles, como las salas de salud.

También ocurriría lo mismo en establecimientos culturales, o hasta en el mismo Palacio Municipal.

Incluso provocaría que Arroyo se quedara sin la “escolta” de uniformados con la que suele aparecer en público.

Hasta la llegada del Arroyo al gobierno, los servicios de vigilancia en los establecimientos municipales era pagada por la comuna ya sea contratando a empresas privadas o bien mediante horas adicionales realizadas por efectivos de la Policía Bonaerense.

Por razones de ajuste presupuestario, el actual gobierno fue asignándoles esas tareas a la Policía Local, retirando cada vez a más efectivos del servicio de prevención y represión del delito.

Incluso Arroyo llegó a disponer que los “uniformados de azul” también se dediquen a labrar multas de tránsito.

Desde el ministerio que conduce Ritondo decidieron ponerle punto final a esta situación, que nunca fue interpretada como algo demasiado “coherente” en el marco de una política pública de seguridad.

“Tenemos una Policía Local que en vez de proteger al vecino se dedica a cuidar edificios y a acompañar al intendente”, reprochó esta semana una fuente.

La “instrucción” emanada del Ministerio no surgió porque sí. Según parece habría estado motivada por la decisión del gobierno local, impulsada por el secretario de Economía, Hernán Mourelle, de suspender la provisión de combustible a los patrulleros.

Esa tarea es cumplida por el municipio haciendo uso de fondos que la misma Provincia le gira a la comuna, en concepto de Fondo Municipal de Seguridad.

Descontentos con la medida del funcionario, voceros del Ministerio de Seguridad ayer habían puesto el grito en el cielo.

Dejaron trascender que hasta junio de este año la gestión de Arroyo recibió de la Provincia 68 millones de pesos por ese concepto, de los cuales apenas había ejecutado el 28%.

Horas más tarde el bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó un proyecto de comunicación, preguntando a dónde fue a parar el resto del dinero.

Ante consultas realizadas por LA CAPITAL, fuentes de la comuna admitieron hoy que la relación “entre el intendente y Ritondo está muy tensa” y confirmaron que en ese contexto el Ministerio comunicó que desde ahora la comuna deberá pagar si quiere hacer un uso propio de los efectivos de la Policía Local.

Además, atribuyeron buena parte de la responsabilidad del conflicto a Mourelle y a un funcionario del Ministerio -no identificado- quienes habrían “consensuado” que la comuna suspendiera su aporte para la nafta de los patrulleros. Pero ese supuesto acuerdo no estaba en conocimiento de autoridades de mayor jerarquía.

Ahora, la solución del conflicto depende del resultado de una llamada telefónica que el intendente Arroyo tiene previsto realizarle en las próximas horas a Ritondo.