“¿Quién no tiene un muerto en el placard?”, planteaba el último viernes con cierta naturalidad un diputado nacional, kirchnerista de ley, para tratar de justificar por comparación y sin hacerse cargo, pero sin atreverse a desmentir ni una sola coma, la chorrera de acusaciones que desparramaba por esas horas el “arrepentido” Leonardo Fariña en los Tribunales Federales de Comodoro Py sobre el imperio santacruceño. “Si no, mírelo a Mauricio Macri, hijo de la patria contratista…”, arengaba.
La contrapartida del presidente de la Nación era en el relato K nada menos que Lázaro Báez, como si éste fuese un científico formado en el Instituto Balseiro y no un producto de la obra pública santacruceña, un emprendedor que impulsó Néstor Kirchner desde su posición de cajero bancario y quien luego fue cobijado por Cristina Fernández y por su hijo Máximo sobre todo, a quienes acompañó con sucesivos favores hasta que los intereses aparentemente los divorciaron.
No sabía todavía el político que, como Fariña había desparramado tantas cosas de su bolsa de secretos, datos que avaló con documentación a cambio de cierta promesa de ser testigo protegido con identidad cambiada, ahora la investigación por lavado de activos iba a saltar nada menos que a la ex presidenta de la Nación. Es probable que, si finalmente se diera la imputación fiscal, la gravedad a probar sería de tal calibre que para Cristina el descubrimiento dentro de su placard supondría algo más que un simple “muerto”.
Otra legisladora, en este caso radical, le comentaba off the record a DyN, con mucha crudeza, cuáles son a su juicio las dificultades del gobierno de Cambiemos para gestionar, a partir de cierto escozor que le produce “el gabinete de los CEO’s” a los políticos más tradicionales y a ella misma: “hay cierta soberbia, poca vocación política, un notorio divorcio entre las metas y el día a día y un desastre comunicacional. Mala praxis pura”, definía.
En medio de tantas novedades como las que poblaron la semana informativa, hay que entrelazar necesariamente ambas visiones de una realidad donde se mezcla la corrupción con la gestión y con otras figuras que se vienen discutiendo desde los últimos meses (herencia, bomba cebada, gradualismo, shock, ajuste, tarifazo, tamaño de la grieta, depuración de la Justicia, etc) todas ellas importantes pero que, en primera instancia, hacen únicamente a posicionamientos de político-institucionales.
Sin embargo, más allá de todo ese palabrerío y de las imágenes que han quedado de días de tanta conmoción, hay que contrastar todas esas cuestiones con la realidad del hombre de a pié, que es quien recibe de modo abrupto en su bolsillo los resultados de esos tironeos y que es quien puede llegar a pensar, para delicia de la táctica kirchnerista, que los políticos “son todos iguales”.
Sobre el primer tema, el diputado K se refería a las dos compañías offshore que integra como directivo desde hace años el actual Presidente, un hecho que en sí mismo no configura un delito, ya que es una forma que tienen las empresas de todo el mundo de aprovechar un tratamiento tributario comparativamente más ventajoso que el que existe en su país de origen.
La mezcla de desconocimiento, de prejuicios anti empresarios y hasta de pacatería chauvinista, que es marca registrada de muchos argentinos, lo ha dejado a Macri en el ojo de la tormenta de la opinión pública y especialmente de muchos de quienes lo votaron por sus prédicas sobre la transparencia, sobre todo si, teniendo que hacerlo, omitió alguna declaración.
Probablemente, el legislador K no haya salido a hablar sólo para dar cátedra, sino que lo hizo para aprovechar políticamente todas esas aversiones casi naturales que tienen los argentinos, germen del famoso “Patria o buitres” que pergeñó y sostuvo Cristina durante tanto tiempo. En el caso del diputado y en el de otros tantos que han hablado por estos días sus argumentos parecieron ser apenas un acto reflejo, casi una letanía de disciplina partidaria, cuyo envase para el discurso quizás le haya llegado desde la que ahora quieren bautizar como la nueva Puerta de Hierro patagónica.
Claro está que, aunque se dicen perseguidos y hasta se le atribuye a la ex presidenta la intención de buscar asilo en el exterior, ni Cristina ni Máximo Kirchner son Perón y por lo tanto sus presuntas “órdenes”, como se decía en los años 60, hoy están bastante devaluadas. No se conocen muchos peronistas que vayan a hoy Río Gallegos a buscar instrucciones, más bien los más tradicionales miran al costado y, algo estupefactos por los hechos, mientras que los kirchneristas las siguen con un poco más de convicción, aunque están bastante escaldados por el sopapo que el resto del partido les ha pegado dejando fuera de las listas “a tipos que ni siquiera están afiliados”, dicen en el pejotismo, en relación a muchos dirigentes de La Cámpora.
Justamente, ese peronismo más tradicional, el que se las conoce todas, es quien se encarga de marcar con más criterio que esas otras simples chicanas carentes de autoridad moral los derrapes del actual Presidente y los escasos reflejos comunicacionales de su gobierno para afrontar este singular problema que tiene raíz ética, pero que se ha transformado en un fenomenal dolor de cabeza político. Casi lo mismo dicen en la UCR y en la Coalición Cívica.
Aunque, por otro lado, está más que claro que se trata del mismo peronismo que antes no faltaba a ningún acto el que hoy no quiere ni siquiera acercarse a la mancha que viene de Río Gallegos y El Calafate, suciedad que se agranda cada día más a pura imputación y citaciones.
La mejor idea que se le ocurrió a todo el espectro K para tratar de esconder el escándalo de Báez y sus conexiones con el poder que hegemonizó la última docena de años fue no sólo usar el viejo truco de desparramar elefantes para disimular los propios entre la manada, sino el de ampliar el radio de la justificación diciendo, a su vez, que es el gobierno de Cambiemos quien utiliza el caso del ex cajero de banco para tapar mediáticamente el que involucra al actual jefe del Estado.
Más allá de la hipocresía implícita en tan endeble relato, quizás no les falta razón, sobre todo si se sigue con algo de atención las chapucerías legales que llevaron a Báez a la cárcel. En apenas minutos, alguien descubrió que el avión que lo traía a Buenos Aires para declarar no tenía “plan de vuelo” y que eso presumía una fuga en ciernes aunque, por las dudas, lo fueron a esperar a San Fernando y no se privaron de citar a la televisión para mostrar desde allí a puro show las varias escalas de su detención.
Y si bien el amigo de años de la familia Kirchner dijo sinceramente que venía a ponerse “a derecho” y aunque se mostró bastante nervioso dejando una frase-mensaje sobre la pista que seguramente habrán decodificado en el Sur (“Espero que hagan lo mismo con Cristina”), igual se lo llevó la policía a pura sirena y luces azules.
Lo cierto es que, tal como en los viejos tiempos, los ultra K han salido a batallar con un discurso unificado, repetido por las usinas mediáticas y políticas que aún les quedan: “el Gobierno trata de decir que Báez y Macri son lo mismo, como si las responsabilidades fueran iguales. Uno es nada menos que el Presidente”, fingen escandalizarse, aunque en verdad, tal como se vio, es su tan pobre argumento el que busca ponerlos a ambos en la misma bolsa para mimetizar a todos los elefantes.
Claro está que nada de esto podría ser aprovechado desde lo dialéctico por el kirchnerismo más duro, si no fuera que el propio Gobierno le ha abierto la puerta a todas las dudas posibles, debido a la notoria subestimación de un caso que nunca parece cerrarse del todo ante los ojos de los ciudadanos. El manejo de la comunicación fue tan malo, casi burdo, que parecieron todos sorprendidos. Una fuente de la Casa Rosada admitió que el Gobierno conocía la situación desde el 8 de marzo.
Lo cierto es que se durmieron todos y subestimaron el caso, hasta que el agua les llegó al cuello. Un comunicado casi de compromiso primero y el nivel que les comenzó a subir; luego, el propio Macri salió a decir algo a través de la web del diario La Voz del Interior y no se detuvo la onda negativa y tercero, el Presidente tuvo que anunciar que iba a pedir a la justicia Civil y Comercial que emitiera una “declaración de certeza”, algo que puede colisionar con la investigación que abrió la Justicia Federal a instancias de un diputado kirchnerista de Neuquén.
Quizás, los asesores del Presidente creyeron que las buenas noticias sobre el consenso político obtenido en el Congreso para aprobar la Ley destinada a pagarle a los holdouts o la visita del presidente Barack Obama iban a compensar la situación.
Esos mismos asesores no tomaron en cuenta que, por el otro lado, los aumentos de tarifas estaban en las gateras, que la inflación se había disparado y que se proyectaba en números impensados para abril, que la UCA iba a hablar de la pobreza 2016 y que por todo eso, en la balanza de dos platos, donde juegan la política y la economía, pero también las cuestiones sociales, las malas ya estaban pesando algo más que las buenas. Entonces, llegó toda la novedad de los Panamá Papers para desequilibrar a favor de cierta mufa colectiva o al menos, dejó la situación en un peligroso stand by.
Por eso, durante la semana que pasó hubo que meter varias pesas con algunos temas sensibles para mejorar la performance y así, se inició la tarea de copamiento de las villas para aislar el narcotráfico. También, en temas judiciales, jugaron a favor el pronunciamiento de la Corte sobre los nombramientos K en la Procuración y el discurso de su presidente, Horacio Lorenzetti, sobre el combate abierto que deberán dar jueces y fiscales contra la corrupción.
Pero, además, hubo operaciones directas llevadas a cabo por el Gobierno para oxigenar la Justicia, como la renuncia del juez federal Norberto Oyarbide. Aunque el método fue resistido por quienes piensan que era mejor un largo juicio político, en el Gobierno sostienen que así “ya se terminó con el asunto”, mientras que aseguran que el ex magistrado no ha quedado a salvo de futuras causas judiciales.
Efectivamente, el desfile kirchnerista por los Tribunales con chalecos antibalas y esposas en algunos casos y con citaciones impensadas a otros ex funcionarios emblemáticos (Julio De Vido) metió la discusión en otro lado, pero así y todo sigue latente el peligro para el Gobierno que tamaño cambalache lleve a que se termine del todo la luna de miel.

DyN.