La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yañez, libró un oficio al Ministerio de Defensa de la Nación para que se releve del secreto militar a los marinos que puedan brindar información sobre la causa que se abrió por el submarino ARA San Juan, del que se perdió contacto el miércoles 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, y en el mismo escrito se solicita que esa cartera del Gobierno “informe sobre todo lo concerniente al episodio”.

La confirmación sobre el petitorio fue efectuada a Télam por la propia magistrada, quien reveló: “Estamos requiriendo toda la información, lo que incluye todos los partes vinculados con el submarino, transcripción de las comunicaciones, el mantenimiento del submarino, las personas que estuvieron encargadas de ese mantenimiento, qué misión cumplían, es decir, todo lo concerniente al hecho”.

La magistrada aclaró: “Estamos pidiendo toda esa información, atento a que existe una causa abierta”, y agregó: “Estamos requiriendo el detalle de anteriores tripulaciones que puedan aportar su testimonio sobre el estado del submarino, para lo cual necesitamos que estén liberados del secreto que pudieran tener como obligación de Estado”.

En su breve contacto con Télam, cuando concluía una mañana que calificó como “muy agitada, como todos estos días”, la jueza Yañez sostuvo que “el trámite de requerimiento de información se realizó al propio (ministro de Defensa, Oscar) Aguad para que responda a la brevedad, aunque no lo impusimos de ningún plazo”.
Cuando se reportó la desaparición del submarino, la causa estuvo por subrogación durante dos días a cargo de la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, quien caratuló a la misma de manera provisional como “averiguación de delito”, figura que aún se mantiene.

“En efecto, la jueza Parcio estuvo durante dos días a cargo del despacho justo en el momento que se informó sobre la desaparición, pero ella hizo las primeras actuaciones aunque no abrió una investigación, la que recién comenzó cuando se anunció, por parte de la Armada, que se habría producido una explosión”, es decir, el pasado jueves 23, cuando el jefe del Departamento de Comunicación Institucional y jefe de prensa de la Armada Argentina, capitán de navío Enrique Balbi, informó que “se recibió una información sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión”.

Sin embargo, la denuncia fue registrada el 17 de noviembre, tras esperar las 36 horas que estipula el protocolo desde el último contacto, y fue formulada por la propia Armada ante ese juzgado, atento a que “la última comunicación de la nave se dio en línea horizontal con Caleta Olivia”, según dice textualmente el primer informe de situación.

Por ahora la causa no tomó mucho volumen y sólo se nutre de la documentación básica de cuándo salió el submarino, en qué condiciones, el derrotero que tenía la nave; de allí que “es imprescindible que se abunde en detalles y por eso esperamos que cuanto antes nos remitan la información” insistió Yañez.

Respecto a si tiene previsto citar a declarar al propio ministro Aguad, a la cúpula de la Armada o a altos oficiales vinculados con el área de submarinos, Yañez indicó que “por ahora requerimos información, no está previsto eso, pero no está descartado, seguramente se hará más tarde”.

De acuerdo a fuentes de los tribunales federales de esa ciudad santacruceña, hoy se libraron exhortos a los tribunales de Ushuaia para tramitar el requerimiento de información en las bases militares de la capital fueguina, desde cuyo puerto partió la nave que es intensamente buscada con una red de cooperación internacional.