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La Ciudad 28 de noviembre de 2017

Procesan a funcionarios del PAMI por administración fraudulenta

Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investiga una maniobra tendiente a defraudar al Estado a través de la contratación de una sociedad falsa para brindar presuntos servicios odontológicos.

 

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, dictó auto de procesamiento contra un grupo de personas al corroborarse la conformación de una administración fraudulenta entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma” cuyo objeto era la prestación de servicios odontológicos y funcionarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

En ese contexto, la investigación determinó la configuración de una maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional a través de la creación de una sociedad falsa, denominada Integradora del Sudeste SRL (integrada por personas fallecidas o prestanombres) quien contrató de hecho y de manera irregular por un período prolongado de tiempo, por lo menos desde el 2005 al 2008, con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (el PAMI) a los efectos de brindar presuntos servicios odontológicos cuya prestación generó un perjuicio patrimonial para las arcas del organismo estatal.

Tal maniobra conllevó a no controlar las prestaciones que se hacían para facturar prestaciones no realizadas o realizadas por personal médico no autorizado. En ese marco, esta sociedad falsa presentaba al cobro ante el PAMI expedientes relacionados con presuntos servicios odontológicos prestados, con firmas de personas inexistentes o fallecidas, provocando un perjuicio patrimonial en las arcas del organismo.

El procesamiento alcanzó a la entonces directora a cargo de la Unidad de Gestión Local XI de esta ciudad, Alejandra Urdampilleta, a los auditores del organismo y a los responsables de la empresa cuestionada.

A todos ellos, además, se les dictó un embargo de un millón de pesos.

Finalmente, también se dictó auto de procesamiento respecto a un escribano, por el delito de falsedad ideológica, a quien se le decretó un embargo por la suma de 50.000 pesos.