El proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el sistema jubilatorio tuvo una primera semana de debate en el Senado, consiguiendo para el próximo jueves la media sanción, luego siendo remitido a Diputados. Hasta ahora el proyecto enviado por el presidente, Mauricio Macri, logró consenso en casi todos los puntos. Pero las principales modificaciones recayeron en la forma que actualiza los haberes jubilatorios y de las pensiones.

En este contexto, el doctor Eugenio Seminio dialogó con Andres Cosmai, en su ciclo de LU9  y aseguró que “el nuevo sistema de cálculos para el salario de los jubilados tiene cuestiones técnicas a observar, pero que hay un trasfondo que es clave para la situación”.

Con respecto a las cuestiones técnicas, Seminio las vinculó a la inquietud principal: va a incrementarse o disminuir el sueldo de los jubilados.

“En marzo se ajustará con una nueva fórmula, sería una aplicación retroactiva de una ley”, explicó, señalando que la ley vigente ya está generando efectos de reajuste de marzo.

El método de actualización introducido por la administración anterior propuso la movilidad jubilatoria, mediante la ley 26.417 que establecía reajustes automáticos a partir de 2009, en marzo y en septiembre de cada año, en todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La metodología establece que el ajuste se determina tomando el promedio de las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA, comparando semestres idénticos de años consecutivos, y el índice general de los salarios determinado por INDEC o la variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables (RIPTE), elaborado por la Secretaría de Seguridad Social.

De esta manera las variaciones de enero-junio se aplican en el ajuste de septiembre, mientras que las del tramo julio-diciembre para el ajuste de marzo. El objetivo es que al incluir ambos componentes se aseguran que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios a la vez que acompañaran el aumento de los ingresos al Sistema Previsional.

Ahora, frente a una situación de déficit se recurre a disminuir los incrementos futuros de las jubilaciones y pensiones. Eliminando el sistema de actualización actual y ajustando las jubilaciones trimestralmente por la evolución del índice de precios más un adicional, no especificado.

“Hubo alguna enmienda para salir del estima de lo que exclusivamente era el calculo por inflación, mas algo bastante particular que era la devolución del producto bruto, el crecimiento del país. Cosa que inclusive era más de tipo ornamentarí­a que real”, afirmó Seminio.

El doctor Seminio concluyó que: “Haciendo realidad algunos escenarios se ajustaría aproximadamente un 50 0 60% de lo que deberían ajustar actualmente”.

De esta manera se daría una caída del índice. Planteando un escenario hipotético, el letrado explicó que si en marzo se establecía un 10%, lo que implicaría 700 pesos de  mínima, “con la nueva fórmula se rondaría los 350 o 400 pesos”. Por lo tanto se daría una caída del poder adquisitivo de los jubilados aproximadamente del 40%.

Como defensor de la tercera edad, Seminio se niega a reducir el asunto a cuestiones técnicas, señalando que el problema de base no pasa por una fórmula. Sino que hay una cuestión de administración.

“Acá se llevan 100 mil millones de pesos de la seguridad social con otros fines que es cubrir la reducción de alícuotas en la provincia y demás, por lo cual va a haber menos plata para los jubilados.”, afirmó.

Para ahondar en el tema, el abogado compara la situación de los jubilados con la situación de una persona desnuda en la Antártida. Manifestando que la discusión sobre el salario jubilatorio, cobra un debate similar que decidir si se le brinda una camiseta o dos al hombre que sufre el clima de la Antártida. “En cualquier caso se nos muere de frío”, dice Seminio.

“Es lo que está pasando con los jubilados. Más de 3 millones cobran 7 mil pesos, tenemos 1 millón 300 mil discpacitados que cobran prensiones no contributivas, que están enganchados a la mínima, es decir que cobran aún menos de 5700 pesos”, manifestó.

De esta manera Seminio propone que la discusión entre el Poder Ejecutivo y el sistema político no puede pasar por si un jubilado vive con 5 mil o 7 mil pesos: “No se va a poder vivir ni con 7500 pesos ni con 8 mil”, remarcó.

“Los que hacemos asistencia directa al jubilado tenemos otra visión. El jubilado hoy ya se muere de hambre”, manifestó contundente. “Si algún funcionario me quiere discutir que un jubilado se muere de hambre con tres granos de arroz, pero que ahora puede comer seis el resultado es el mismo”.

Para Seminio lo principal es el financiamiento, que es un problema que ninguna gestión quiere discutir.

En este contexto afirmó que el 34% del trabajo actual es en negro, lo que no genera aportes para el país, así como se sucede una quita de aportes patronales en términos históricos, mientras que “del lado de impuestos tenemos al IVA el más regresivo y el más contraproducente, financiando el sistema”.

“Los países que han salido de sus crisis debatieron como se reemplazó a impuestos al consumo por la renta diversa, como se evitaba el trabajo no registrado”, para Seminio la discusión debe empezar por ahí y no por afectar a los jubilados.

“Mientras tanto hay que aplicar parte del recurso del fondo de Sustentabilidad y garantía”, agregó. Dicho fondo nació en el año 2007 con el objetivo de poder recurrir a el mismo frente a cris de seguridad social. Pero Seminio asegura que no se utiliza correctamente, ya que sino se dispondría de ese fondo para paliar la situación de crisis jubilatoria.

El letrado ha sabido trasladar esta preocupacipon los representantes del poder legislativo que acuden a él y tanto del oficialismo como de partidos opositores le reconocen que el problema de fondo es el que señala. “Pero después cuando se toman las posiciones políticas seguimos debatiendo si es un 2 % más o 2% menos la forma de morirse de hambre”.

En el marco de esta situación, Seminio junto a estudiantes universitarios, están concluyendo una investigación cuyo tema central es el gasto del Estado argentino en los jubilados.

“El Estado está gastando hoy 40 mil pesos en programas que en muchos casos son ineficientes e ineficaces, y se superponen a nivel municipal, nacional y de obras sociales. Mientras a su vez se garantiza perder la autodependencia del jubilado”.

Para el defensor de la tercera edad si en lugar de gastar esos 30 mil 0 40 mil pesos, 20 mil fueran destinados a cada jubilado, el mismo contaría con poder de decisión. “Se evitaría la corrupción de muchos de esos programas y el estado se ahorraría plata”, finalizó como posible solución a la crítica situación que afrontan los jubilados.